El Partido Popular ha presentado, en rueda de prensa, una propuesta relativa a cómo implantar en Jerez el modelo de ciudad que se derivará de la aplicación de la conocida como Ley de Grandes Ciudades. La rueda de prensa, ofrecida por María José García-Pelayo, quien estuvo acompañada de Bernardo Villar y Lidia Menacho, se produjo un día después de que los concejales populares se desplazasen a Marbella -por cierto, acompañados de miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad- para conocer cómo se está haciendo dicha implantación en esa ciudad.
García-Pelayo, que explicó el modelo del PP, señaló antes que la preocupación de los populares es que el Gobierno municipal de Jerez carece de un modelo definido en cuatro aspectos fundamentales como el territorio, las competencias que dar a dichos territorios, las necesidades de personal y de dónde saldrá éste o las repercusiones que sobre la ciudad tendrá la aplicación de esta ley.
En el primer apartado, María José García-Pelayo señaló que había que definir el número de distritos y los límites de cada uno de ellos, matizando que el Gobierno municipal había apostado por dividir Jerez en sólo tres distritos y que esta división era insuficiente y no contaba con el consenso ni del resto de la oposición ni del Observatorio Ciudadano, donde están integradas las diferentes entidades sociales, tales como la Federación de Vecinos Solidaridad.
El PP propone la división en siete distritos: Norte, Sur, Este, Oeste, Centro y Rural.
Los populares subrayaron el “gran divorcio” que hay entre ambas propuestas, recordando que su grupo ha presentado una enmienda a la totalidad y enfatizando que es necesario que el modelo que se decida tenga permanencia en el tiempo y no sea necesario cambiarlo cada vez que se produzca alternancia en el poder. Por eso expresó su confianza en que el Gobierno municipal sea capaz de dialogar con el movimiento asociativo.
El modelo que propone el PP para los distritos es el de máxima descentralización, planteando un decálogo de posibles competencias a asumir por ellos.
En primer lugar, que tengan potestad de tramitar licencias y autorizaciones. En segundo lugar, que tengan la facultad de ejecutar gastos que no superen los límites de una obra menor (unos 600 euros). Además, que puedan emitir certificados; que puedan registrar y dar entrada y salida de documentos; que puedan modificar el padrón municipal. En sexto lugar, que puedan resolver dudas sobre aspectos de tributación. Que puedan realizar obras de mantenimiento y reparación de la vía pública y de edificios públicos; que gestionen infraestructuras municipales tales como centros cívicos o guarderías; que gestionen parques y jardines ubicados en su territorio y que sean responsables de la limpieza viaria de la zona. El PP pidió, finalmente, que la implantación de los distritos no signifique un incremento del personal municipal, sino que se distribuya el existente.
RESPUESTA MUNICIPAL
La comparecencia de la portavoz del grupo municipal popular fue respondida más tarde por el delegado de Presidencia, Casto Sánchez Mellado, en una nota en la que destacaba que el PP había vuelto “a hacer gala de su ignorancia y sus deseos de enredar” en torno a la referida ley de Grandes Ciudades. Casto Sánchez, además de replicar a García-Pelayo que “si de algo es modelo Marbella es de la responsabilidad demostrada por el PSOE de dicha ciudad” apoyando desde la oposición los grandes proyectos de la ciudad, recordó a la portavoz popular que el Ayuntamiento en Pleno aprobó acogerse a la Ley de Grandes Ciudades “en tiempo y forma, con arreglo a lo que establece la legislación estatal, única que existía en ese momento”. Además, Casto Sánchez especificó que la posterior tramitación en el Parlamento andaluz de la ley autonómica “introducirá muevas normas que se cumplirán en el momento en que pueda hacerse, es decir, cuando entren en vigor”. Algo que harán de motu propio “y no porque lo diga el PP”.
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