El Gobierno francés ha presentado este jueves la nueva versión de la Ley del Trabajo, que incluye los cambios anunciados por el primer ministro, Manuel Valls, en su encuentro del pasado 14 de marzo con los sindicatos, las organizaciones profesionales de empleadores y las organizaciones juveniles.
La ministra de Trabajo, Empleo, Formación Profesional y Diálogo Social, Myriam El Khomri, y el ministro de Economía, Industria y Digital, Emmanuel Macron, han presentado en el Consejo de Ministros un proyecto de ley que busca crear nuevas libertades y nuevas protecciones a las empresas y sus trabajadores.
El Gobierno remarca que la reforma de la legislación, iniciada en otoño de 2015 a partir del informe de Jean-Denis Combrexelle sobre el diálogo social y el empleo, se ha realizado en colaboración con los agentes sociales y ha sido objeto de un "intenso, pero constructivo, debate" que ha permitido alcanzar "un texto equilibrado sin renunciar a su ambición".
Su objetivo es dar mayor capacidad a la negociación colectiva para reforzar la competitividad de la economía y el desarrollo del empleo. "Esta ley será una gran reforma social, que transformará en profundidad el derecho laboral para favorecer la competitividad y el empleo, apoyándose en el diálogo social, en beneficio de los derechos de los trabajadores", afirma el Ejecutivo.
Entre otras medidas, el proyecto contempla la protección de los trabajadores, especialmente de los jóvenes, a través de la cuenta personal de actividad y nuevos derechos. Además, da más flexibilidad a las empresas para que se adapten mejor a su situación y puedan ser más competitivas y ampliar la contratación, siempre de acuerdo con los sindicatos.
La propuesta inicial de la Ley del Trabajo presentada por el Gobierno de François Hollande fue rechaza por estudiantes, sindicalistas y trabajadores, que se han manifestado en todo el país contra la propuesta. Incluso, algunos diputados del gobernante Partido Socialista expresaron su rechazo a la iniciativa.
Este nuevo borrador de reforma laboral incluye ciertas concesiones a las reivindicaciones de los sindicatos, como la supresión del máximo en la indemnización por despido, que pasa a ser una propuesta no vinculante, o dar más margen a la justicia laboral para interpretar la situación económica de una empresa que quiera despedir a trabajadores.
