A los vecinos de la comunidad autónoma que bordea sin descanso el millón de parados y ve desfilar a un batallón de políticos por los juzgados a cuenta de los ERE o los cursos de formación se les podría presuponer un nivel de descontento social en grado casi de ebullición. De existir, al menos no se canaliza a través de los mecanismos legales que el Parlamento de Andalucía pone al alcance de cualquier ciudadano residente en la comunidad. Es más, las cifras acumuladas en la última década alimentan el pesimismo.
En lo que va de legislatura, más de un año ya desde las autonómicas de marzo de 2015, por el Registro del Hospital de las Cinco Llagas han visto pasar tan sólo dos preguntas de iniciativa ciudadana, una figura contemplada en el Artículo 165 del Reglamento del Parlamento de Andalucía que confiere a cualquier persona física o jurídica la potestad de requerir una respuesta oral del Gobierno regional sobre el tema que crea oportuno. Dos en 14 meses y en una comunidad de ocho millones de habitantes.
Las cifras son aún más desoladoras si se bucea en el pasado inmediato. Desde 2008 hasta hoy, entre la octava y la décima legislatura, la Cámara ha tramitado apenas 19 preguntas ciudadanas. A un paupérrimo ritmo de una cada cinco meses...
La última que llegó a buen puerto se remonta a noviembre de 2015, cuando el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, respondió en el Parlamento a la preocupación de Miguel Ruano, representante de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, sobre el futuro del sector en Andalucía. El mecanismo en todos los casos es similar: un ciudadano se dirige a la Cámara pidiendo explicaciones sobre un tema y ésta debe decidir si la consulta pasa o no el filtro. Si lo hace, al menos un diputado debe ofrecerse a asumirla (traducido, interesarse por el tema) y a plantearla en Pleno al responsable del área. En ese caso, el único con final feliz en un buen puñado de meses, el guante lo recogió la diputada socialista Beatriz Rubiño, la encargada de trasladarla al consejero.
Puede que el derecho ciudadano a fiscalizar al Gobierno no se ejerza por mero desconocimiento pero también porque sus señorías no contribuyan en exceso. Otro dato contundente: en la anterior legislatura, la que abarcó de marzo de 2012 al mismo mes de 2015, se tramitaron 12 preguntas ciudadanas pero tan sólo una recibió respuesta. ¿Motivos? La información del propio Parlamento las considera “en tramitación” aún o “aprobadas”, pero que hayan sido admitidas no sirve de nada si luego ningún grupo político se compromete a elevarla en voz alta a la Cámara. La petición de explicaciones puede dormir eternamente en los archivos. Conclusión: hay pocas iniciativas, pero el desierto inhóspito en el que se mueven las respuestas tampoco es que incentive. La otra pregunta presentada durante esta legislatura, la de un particular sobre los concursos de traslado de los funcionarios de la Administración General de la Junta, continúa por ejemplo en algún cajón desde octubre de 2015.
De corrupción a tablets...
Otro síntoma de que los ciudadanos regatean su derecho a elevar preguntas al Gobierno es que de las 12 registradas en la anterior legislatura, cinco las impulsara Martín de la Herrán, portavoz regional de UPyD, un partido sin representación parlamentaria que encontró en ese mecanismo un filón para hacerse oír. Se interesaba sobre temas tan dispares como la inversión en tablets en Primaria, la violencia de género, por qué se le adeudaban honorarios a los abogados del turno de oficio o los motivos por los que se mantenía en sus cargos a políticos enfangados en supuestos casos de corrupción. La inmensa mayoría murieron en el olvido. Del resto, tres procedían de colectivos ecologistas, otras tres de un particular que interrogaba sobre los ERE y una última se preocupaba sobre la vivienda.
Hay otro mecanismo más frecuentado, el derecho de petición, con 85 solicitudes en 8 años. Que sean atendidas es ya otra quimera...
¿Qué fue de aquel escaño 110?
Tardó años en gestarse para luego difuminarse. El escaño 110, aquella novedosa fórmula anunciada en tiempos de Griñán pero que no vería la luz hasta entrado 2014, nació con el objetivo de poner voz en los Plenos a las iniciativas ciudadanas que contasen con un respaldo de al menos 40.000 firmas. Se estrenó rechazando, con los votos de PP y PSOE, una propuesta de UPyD para la reforma de la Ley Electoral. Después lo que era un proyecto estelar fue cayendo en el olvido.
