Llamar a las puertas de la Junta puede salir más caro de lo previsto, sobre todo si se hace por teléfono. La Administración andaluza mantiene en los directorios de casi todas las webs de sus consejerías y entes públicos números de teléfonos 901 y 902 como vía de contacto o de solicitud de información, lo que conlleva un sobrecoste para el usuario en el precio de la llamada y, por tanto, un perjuicio para su bolsillo.
El ejemplo estrella es el de Salud Responde, el servicio de atención telefónica de la Consejería de Salud que permite concertar citas sin necesidad de pisar el centro de salud y que es, de hecho, uno de los trámites a distancia más utilizados de todo el entramado de servicios que presta la Administración autonómica. Lo que quizás ignore el ciudadano es que ese mismo departamento está obligado por ley a a ofrecer otro número de teléfono de tarificación local. Si el usuario dispone de tarifa plana la llamada le saldría gratis, pero el número no se publicita o incluso se oculta.
Un vistazo a internet sirve para corroborar que la Junta no tiene prisa en cumplir con los acuerdos cerrados en el Parlamento de Andalucía. El pasado 29 de octubre los cinco partidos con representación en la Cámara pactaron a propuesta de Podemos y por unanimidad una proposición no de ley que reclamaba al Consejo de Gobierno la eliminación de todos los números 901 y 902 en las líneas de atención a la ciudadana de la Administración regional y su sustitución por otros gratuitos o convencionales que no implicasen sobrecoste. Algo se ha hecho, pero a medias y sin la erradicación aún de los de tarificación especial.
Algunos ejemplos. El mencionado teléfono de Salud Responde, que recibe miles de llamadas desde toda Andalucía cada día, aparece todavía en la web de Salud como 902.505.060, también acabado en 061 en función de la gestión que se desee realizar. Lo que no se indica con la claridad que se presupone a un organismo público es que existe un equivalente, el 953.018.799 que, como el primero, atiende una empresa externa y que presta idéntico servicio. Los mismos trámites, pero la diferencia la nota la cartera: si usted tiene contratada una tarifa plana en el fijo de su domicilio o en el móvil, la llamada a este último le saldrá gratis porque computa como local. Si marca el primero, sepa que le tocará pagar siempre. Según un informe reciente de la organización de consumidores OCU, una llamada de apenas tres minutos a un 902 desde un fijo ronda los 50 céntimos (depende del operador del usuario), pero desde un móvil se dispara hasta los 2,5 euros, establecimiento de llamada aparte. Y eso, multiplicado por miles de comunicaciones diarias, es un capital.
Todo un filón
¿Por qué se hace? La propia OCU y también Facua, que ha liderado la campaña contra los números 901 y 902 en los últimos años, coinciden: las compañías telefónicas “incentivan a las empresas a mantenerlos porque los márgenes de beneficio son muy altos”. La paradoja en este caso es que no se trata de una compañía eléctrica o un centro comercial el que recauda por atender las llamadas de sus clientes, sino una Administración. Los términos de cuánto ingresaría la Junta cada vez que descuelga el teléfono no son públicos porque están pactados con las operadoras, según fuentes consultadas. Sea mucho o poco, el perjudicado es el usuario que suelta céntimos sólo por consultar cómo marcha su subvención o las listas de espera.
Renovación de tarjetas sanitarias, trámites de la Ley de Dependencia, elección de hospital para una intervención quirúrgica o incluso información sexual para jóvenes. En todos esos trámites se remite a un 902 o un 901, de pago en ambos casos aunque de mayor coste en el caso de los primeros. La Junta se defiende y alega que hay una retirada gradual y a paso lento de los 901 y 902, y que existe un listado de números alternativos en el Portal de la Transparencia, pero eso no aparece en cada web. Encontrarlo es además una odisea.
