El juez de instrucción Álvaro Martín ha dado de plazo hasta mediados de septiembre a las partes personadas en la pieza política de los ERE, en la que están procesados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para que presenten sus acusaciones o pidan el sobreseimiento de la causa.
En una providencia notificada hoy, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla concede un plazo común de 45 días naturales para que la Fiscalía Anticorrupción y las partes implicadas formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
El juez ha dictado la providencia tras recibir de la Junta de Andalucía la documentación que le requirió en una providencia del 27 de mayo pasado y en dos autos de 15 de abril y de 31 de mayo de este año.
Además, el instructor explica que "dado el volumen de esta documentación, una vez foliado y escaneado", se le remitirá a las partes en formato CD, aunque precisa que está a disposición de ellos y se les entregará copias si aportan un "pen drive".
En esta pieza, el juez procesó a 26 ex altos cargos por participar entre los años 2000 y 2011 en el reparto de 855 millones de euros para ayudas sociolaborales y de empresas.
Para ello, según el juez, los acusados crearon un procedimiento para "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía".
A Chaves, el juez le imputa prevaricación administrativa -que no conlleva prisión-, y a José Antonio Griñán le acusa además de malversación.
El juez también acusa a los exconsejeros andaluces Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, de los cuales imputa prevaricación y malversación a los cuatro últimos.
Entre los procesados también hay dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.
Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluyó dentro del caso de los ERE, que empezó en 2011, y en ella el juez dejó fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio, así como al presidente de Unicaja, Braulio Medel.
Sobre Chaves, presidente de la Junta de 1990 a 2009, "concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocía la ilicitud del sistema que estaba manteniendo y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia", indica el instructor.
Para el delito de malversación que atribuye a Griñán, el juez marca "un hito cronológico en el año 2005", cuando la Intervención General de la Junta emitió un informe del ejercicio de 2003 en el que se indicaba se "se estaba prescindiendo de manera total y absoluta del procedimiento establecido" para conceder subvenciones.
"No era posible desconocer los graves hechos que ponía de relieve el informe ni su conexión con el sistema de reparto de ayudas y subvenciones instaurado en 2000, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias", señala el juez.
