Los proyectos eólicos marinos, offshore, cuyo destino preferido es el litoral de la comarca de la Janda, frente al Cabo de Trafalgar, iniciaron su andadura burocrática cuando en Madrid se vivía la última legislatura del Partido Popular con José María Aznar como presidente. Una legislatura muy agitada en la que estos proyectos apenas avanzaron a pesar de la insistencia de los empresas promotoras para que el Gobierno central elaborara un plan específico para este tipo de instalaciones energéticas.

Esta normativa para parques eólicos marinos tardó en aprobarse casi un lustro, ya con el PSOE en La Moncloa. Y precisamente este año, en primavera, los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Industria, Turismo y Comercio aprobaron definitivamente el Estudio Estratégico Ambiental del litoral, cuya finalidad es acotar y definir las zonas aptas y las no aptas para la instalación de parques eólicos marinos. Es decir, un mapa del litoral español con las zonas dónde podrían instalarse los parques eólicos con y sin condicionantes, y con las zonas que quedan excluidas y en las que las empresas no podrán construir este tipo de instalaciones en alta mar.

La normativa gubernamental y las tramitaciones burocráticas se desarrollaban con lentitud desesperante tanto para las empresas promotoras como para los municipios que podrían verse afectados por estos bosques de aerogeneradores en sus costas. Esta lentitud no afectó al hecho de que los proyectos se fuesen completando con todo tipo de estudios o que los ayuntamientos del litoral jandeño hayan rechazado estas instalaciones en infinidad de sesiones plenarias.

Como suele ocurrir, la iniciativa privada ha ido por delante de la pública, y las empresas interesadas están preparadas a la espera de que el Gobierno concluya sus deliberaciones, sobre todo en zonas como Trafalgar donde los ayuntamientos y los sectores sociales se han posicionado en contra de unas instalaciones que creen que amenazan al turismo, a la pesca, a las almadrabas, además de existir cierto temor a las consecuencias en la salud ante tanta concentración electromagnética y tanto megavatio.

Todos los proyectos, a través de la presión que ejercen las empresas promotoras de los mismos, aguardan a que las condiciones comiencen a despejarse, aunque dada la oposición vecinal en Barbate, Conil y Vejer, desde hace meses comienzan a mirar hacia Chipiona, donde estas instalaciones energéticas no suscitan tanto rechazo y también es zona apta dentro del 'mapa eólico' diseñado por el Gobierno. De todas formas, su prioridad sigue siendo el Cabo de Trafalgar, ya que los citados proyectos están enfocados y diseñados para esta zona del litoral andaluz donde el viento sopla con fuerza al salir o entrar en el túnel del Estrecho de Gibraltar. Por eso son muchos los marineros, políticos, empresarios y vecinos de los tres municipios que están convencidos que, con rechazo o sin rechazo, las aguas de Trafalgar se llenarán de aerogeneradores a partir de 2010.