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Viernes 22/11/2024
 
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El Estado aportará el 75% del fondo de ayuda a la banca

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se financiará con 6.750 millones de euros procedentes de recursos públicos y 2.250 millones de las entidades financieras a través de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos.

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El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se financiará con 6.750 millones de euros procedentes de recursos públicos y 2.250 millones de las entidades financieras a través de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos.

Esto supondrá que el Estado aportará el 75%, mientras que las entidades pondrán el 25% restante de los 9.000 millones de capital inicial con que contará este instrumento.

La aportación pública procederá de recursos no utilizados del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, según explicó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado.

Adicionalmente, el FROB, que ayer aprobó el Consejo de Ministros, podrá captar financiación con aval del Estado en los mercados de valores emitiendo títulos de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y hacer otras operaciones.

Esta captación de capital adicional no podrá superar este año tres veces la dotación inicial, es decir, no podrá sobrepasar en este ejercicio los 27.000 millones de euros además de los 9.000 iniciales.

El Fondo, no obstante, tendrá una capacidad de endeudamiento total de hasta diez veces su capital inicial, es decir, 90.000 millones más, según recordó Salgado, quien en cualquier caso insistió en que este instrumento “no supone un gasto para el contribuyente”.

Explicó en este sentido que las ayudas que el Estado ha prestado al sistema financiero “no son generadoras de déficit ni de gasto, sino avales que están produciendo beneficios, o inyecciones de liquidez en la forma de compra de activos financieros de la máxima calidad, convertidos después en dinero”.

Por eso, insistió Salgado, “no hay ningún gasto asociado” al fondo y el máximo de endeudamiento de este año, de 27.000 millones, lo tienen que captar las entidades en los mercados con aval del Estado, pero no es necesaria una nueva disposición de avales porque ya se cuenta con los incluidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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