Los nubarrones que se ciernen sobre el sistema andaluz de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) aumentan. Tras los pésimos datos de gasto en esta materia hechos públicos por el INE hace dos semanas relativos a 2016 -el gasto se derrumbó un 8%, frente al alza del conjunto de España del 0,7%, hasta 1.359 millones siendo el peor dato en una década-, el pasado día 17 el juez Mercantil de Sevilla admitió el concurso de acreedores de Abengoa Research. Esta filial del grupo de ingeniería sevillano gestionaba el mayor laboratorio privado de investigación de Andalucía y en marzo pasado ejecutó un ERE para despedir a 40 de sus 70 empleados. Llegó a tener 300 en 2014.

El concurso de Research, cuya maquinaria de última generación adquirida en el último lustro con apoyo de fondos públicos y sus 300 patentes se venden al no encajar en la nueva estrategia de la empresa matriz Abengoa, se suma al que declaró el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT). Este emblema de la investigación en Andalucía con tres décadas de historia fue a la quiebra en marzo pasado, asfixiado por 4,5 millones en deudas de las que 1,6 millones proceden de la Junta de Andalucía. La venta de su sede en el parque científico Cartuja, valorada en 4,4 millones, es su tabla de salvación si llega a ejecutarse.

Precisamente la parálisis administrativa de la Junta desde hace años está detrás de las quiebras de otros centros de I+D público-privados, como el IAT, gestionados por fundaciones con presencia de la administración autonómica, otros entes públicos y patronos privados. Casos como el del CTAER (energías renovables) o CTAP (piedra natural), ambos en Almería, son otros ejemplos del lento e inexorable desmantelamiento del sistema de I+D+i andaluz.

Otros indicadores

Por su parte, la pasividad de la administración autonómica respecto al futuro de estos centros -los llamamientos de la plantilla de investigadores de Abengoa Research quedaron igualmente huérfanos de oídos y medidas en la Junta- se une a que es precisamente el gasto público el que más cayó en 2016 en Andalucía. El dinero público destinado a I+D se situó en 276 millones, un 13% menos. El de las instituciones de enseñanza superior (igualmente dependientes del sector público), cayó otro 10%, a 579 millones. El privado (empresas) disminuyó menos, a 501 millones desde 505 en 2015.

Todas estas quiebras de centros tecnológicos derivarán en una menor captación de fondos estatales y europeos para I+D, y ponen en riesgo a futuro la hasta ahora buena evolución de los indicadores de producción científica de Andalucía. Según los últimos datos de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la comunidad es la tercera de España, con el 12,6-13,4 por ciento del total nacional (según los indicadores Scopus y Wos, de referencia internacional, respectivamente). Además, Andalucía es la primera región en solicitud de patentes con 512 (en 2015), el 18% del total español. Y la segunda en concesión de patentes, 318, solo tras Madrid (410) y Cataluña (376).