El informe sobre el caso Rilco que llegó al Tribunal de Cuentas ha dejado todo muy claro a sus miembros. Tanto, que no duda en ordenar al ex delegado de la Zona Franca, Miguel Osuna, que aporte un aval de tres millones de euros por su actuación en la gestión del portal Rilco. Si no ofrece dicho aval en un plazo de diez días, el Tribunal mandará el embargo de sus bienes.

Aunque el ex delegado ha recurrido esta orden del Tribunal de Cuentas, si sus argumentos no logran convencer a los miembros de la sala de enjuiciamiento para que cambien su decisión, apenas habrá podido retrasar el cumplimiento de la solicitud unos meses. Será sobre el próximo octubre cuando deberá hacerse efectivo el mandato del Tribunal sobre los bienes de Osuna.

Esta medida proviene del informe que abre el Tribunal de Cuentas sobre el caso Rilco y su gestión tanto en la época de Miguel Osuna como en la de Manuel Rodríguez de Castro, su antecesor como delegado de la Zona Franca y principal valedor del portal informático.

De hecho, fuentes consultadas por este medio, confirman que al primer ex delegado del PP en la Zona Franca (Rodríguez de Castgro) también se le ha ordenado un aval millonario para hacer frente a la decisión final del Tribunal de Cuentas, si es que concluye que deben devolverse las cantidades que fueron mal gestionadas en la creación del portal Rilco.

Así, en el caso de Osuna, si el Tribunal de Cuentas decide que debe devolver el dinero que se está investigando porque el fallo judicial sentencia que hubo irregularidades en su gestión, el aval de tres millones debería servir para cubrir el último pago que realizó la Zona Franca (bajo mandato de Osuna) a Miami Free Zone por la puesta en marcha de Rilco.

Este pago fue ordenado por transferencia bancaria en 2001 para saldar la cuenta de la entidad del Estado con la empresa Miami Free Zone por valor de 2,83 millones de euros. A falta de conocer las posibles irregularidades en los pagos realizados por la Zona Franca que gestionaba Rodríguez de Castro, la Abogacía del Estado acaba de remitir un informe al Tribunal de Cuentas en el que estima que Rilco sirvió para encubrir la malversación y apropiación de 4,2 millones de euros.

Hasta la fecha, a Miguel Osuna se le imputa, judicialmente, un delito societario en el proceso abierto en los juzgados de Instrucción gaditanos sobre el caso Rilco. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas tiene en cuenta en su orden de garantizar la devolución del dinero presuntamente utilizado de manera irregular, que el ex delegado de Zona Franca realizó aquel pago de 2,83 millones de euros siendo consciente de las circunstancias que rodeaban a Rilco y la empresa encargada de su creación.

Según ha establecido la Abogacía del Estado, Rilco (entidad que se suponía que iba a servir para gestionar el comercio entre España y América) fue puesta en marcha por una empresa (Miami Free Zone) sin experiencia ni reconocimiento. Sus gestores, Germán y Carmen Leiva, están ahora imputados en el caso. La Abogacía entiende que se concedió la gestión de Rilco en un concurso que fue “una simulación”.

El juzgado necesita saber cuánto costó

Es una cifra misteriosa, pero millonaria. El problema radica en que el juzgado necesita conocer la cantidad de dinero que costó poner en marcha el portal Rilco. Sin un estudio pericial que establezca todo el entramado económico, no puede haber ni investigación judicial, ni acusación de la Fiscalía. La Zona Franca (bajo mandato del PSOE) y las empresas afectadas en el proceso (Televent y Miami Free Zone) han realizado sus propios informes, pero unos dicen que el desfase entre lo pagado y los costes puede ser superior a los cinco millones de euros y los otros afirman que se pagó lo que costó. Mientras, el juzgado espera un peritaje que debe encargar la Junta de Andalucía, pero que no llega. En este proceso, a Rodríguez de Castro se le imputan delitos de fraude, exacciones ilegales, malversación y apropiación indebida, mientras que a Miguel Osuna sólo el delito societario por terminar los pagos de Rilco.