El Consejo de Administración de la empresa municipal Impulsa El Puerto aprobaba por unanimidad salvar el concurso de acreedores y salir del estado de insolvencia en el que se hallaba el ente municipal. La aprobación llegaba tras el “Informe sobre el estado del preconcurso de Impulsa El Puerto, SLU y sobre alternativas existentes” entregado al mismo a instancias del Bufete Cosano. Este acuerdo representaba “una gran noticia -según el propio Ayuntamiento- para IMPULSA EL PUERTO, para el Ayuntamiento y para toda la ciudad, ya que se evitaba que una empresa emblemática de la sociedad se viera sometida a un proceso concursal al que se habría visto abocada”, apuntaba satisfactoriamente.
Esa era la información oficial que se trasladaba desde el propio Consistorio que, paradójicamente, omitía en su nota de prensa la deuda pendiente con la Agencia Tributaria por un valor de 188.297,80 euros (con intereses de demora incluidos). Y todo ello fechado el 30 de diciembre de 2017, significativamente, un día después de la aprobación del Consejo de Administración, el viernes 29 del citado mes de 2017. Una información crucial pero omitida que, de haberse conocido anteriormente dicho embargo, dificultaría enormemente librarse del concurso de acreedores a tenor de la cuantía retenida.
Esta deuda está sometida a distintos embargos, como el realizado el pasado 8 de noviembre de 215.716 euros o como ocurriera también el 28 de septiembre pasado, siendo aquel entonces por un importe de 128.287 euros. En todo este proceso, se ha trabajado “de manera coordinada y codo con codo” con el Consejo de Administración de la Sociedad que, recordamos, está integrado por Ángel Quintana (PSOE - Presidente), David de la Encina (PSOE -Vicepresidente), Ignacio García de Quirós (PSOE), Alberto Rodríguez (IU), Manuel Maraver (C’s), María José Marín (Levantemos), Antonio Rojas (Levantemos), Santiago Feberero y Carlos Campoy (ambos de la Asociación de Empresarios de El Puerto).
Los dos representantes del Partido Popular abandonaron sus cargos de Consejeros meses atrás. Asimismo, se ha acordado la convocatoria de la Junta General para hoy, a las 10 de la mañana, a fin de que ratifique la decisión adoptada y apruebe el Plan de Viabilidad. Con este embargo, 2017 se cerró con notorias denuncias de los propios trabajadores que acusaban el trato y las penosas condiciones ya que, a su entender, estaban siendo presionados para intentar llegar a un acuerdo laboral en forma de despido con la plantilla.
La decisión fue adoptada después de que, “tras meses de intensas y duras negociaciones, se consiguiera redimensionar la plantilla de la entidad, adaptándola a sus actuales circunstancias, quedando en sólo tres los empleados, con remuneraciones acordes a la actual estructura de la empresa; de que se pactara con la inmensa mayoría de los acreedores ordinarios una quita del 35% de los créditos y una espera de cinco años, con dos de carencia, y de que se reordenara la deuda bancaria”.
Se deben grandes sumas a los bancos
Según el Informe al que ha tenido acceso Viva El Puerto, a BANKIA se le adeudan aproximadamente 2.333.000 €; a BANCO SABADELL, 1.067.000 €; la deuda con CAJAMAR es de unos 250.000 €; con BANCO POPULAR 150.000 € ; a IBERCAJA se le adeudan 2.164.000 €; y a CAJASUR, 54.000 €. Otros acreedores suman 2.078.895,02 €.
