Decía Voltaire que cuando se trata de dinero todos tenemos la misma religión, quizás por eso –salvo a Rodríguez Zapatero y al portavoz del PSOE, el juez Alonso–, no he oído a nadie que defienda la subida de impuestos que prepara el Gobierno.

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La recesión económica se ha comido las reservas del erario y ahora ,con cuatro millones de parados, a la vicepresidenta Salgado no le salen las cuentas. Por eso han decidido meter la mano en el bolsillo de las clases medias. Podían haber anunciado modificaciones en los impuestos que afectan a las grandes corporaciones o a las sicav y demás martingalas financieras; podían haber anunciado una reducción drástica de los gastos del sector público –asesores mil distribuidos por la arborescente estructura de las administraciones públicas (ministerios, autonomías, diputaciones, ayuntamientos)–; podían haber presentado un plan para reducir la insoportable carga que suponen los faraónicos gastos de las televisiones públicas entre la estatal y las autonómicas suman una veintena de canales; podían, en fin, haber dado ejemplo de austeridad en el gasto de lo público renunciando a realizar obras innecesarias en algunos ministerios o en los lugares de veraneo de la familia presidencial, gastos incompatibles, se mire por donde se mire, con el discurso ético que apareja la apelación a la solidaridad a la hora de justificar la subida de los impuestos. Podrían, ya digo, haber hecho todo esto y más antes de perpetrar el nuevo plan de acoso tributario a las clases medias. Si al final, dan el paso, correrán riesgos políticos.

En Japón ha ganado las elecciones el partido que se ha comprometido a bajar los impuestos. Quizás por eso, Pepe Blanco, verdadero ministro de Hacienda, cambia el registro y ahora habla de no tocar el IRPF. Encuestas mediante, se les entiende todo.