Diferentes empresas vinculadas a los medios de comunicación y a la publicidad, además de instituciones públicas, están estudiando presentar acciones legales contra José Antonio García, propietario de la agencia OPS, por los daños y perjuicios que les está provocando, en primer lugar, el impago de las acciones de comunicación que se han ejecutado y, en segundo lugar, por la actitud obstruccionista que está protagonizando con la paralización de concursos públicos, que se estima en unos ocho millones de euros.
José Antonio García, a través de OPS o mediante empresas asociadas o vinculadas a su persona directa o indirectamente (tiene cargos en más de un centenar de sociedades), ha acumulado multitud de deudas con diferentes entidades, muchas de las cuales ya han reclamado judicialmente los impagos, que en el caso de Publicaciones del Sur superan los 76.000 euros y que se encuentran en fase de ejecución o embargo.
El perjuicio ocasionado por OPS se ha incrementado desde 2017, cuando las deudas impidieron a la agencia de García a continuar ganando concursos públicos, a los que ha seguido presentándose sin éxito al impugnar a través de empresas asociadas, según relatan fuentes del sector, las nuevas licitaciones, paralizando multitud de contratos públicos mientras se resolvían sus recursos, en la práctica totalidad sin fundamentos objetivos para prosperar.
Esta situación ha provocado que durante meses no se hayan podido desarrollar acciones de promoción muy concretas. Una de las campañas de comunicación paralizadas ha sido la de Turismo Andaluz, por un valor de licitación de casi 3,9 millones de euros, siendo la más perjudicada la conocida como “multisegmento”, aquella dirigida a la promoción del destino para captación de turistas, lote que superaba los 1,2 millones, y que ha hecho imposible su ejecución, puesto que acaba de ser resuelta en plena campaña de vacaciones.
Como la de Turismo Andaluz, también han sido paralizadas campañas específicas de la Diputación de Jaén (por valor de 1,74 millones de euros), la de la Diputación de Huelva (por casi 800.000 euros) y la última de la Consejería de Agricultura (por un montante que supera los 1,66 millones de euros), además de otras de las diputaciones de Málaga y Cádiz, por poner otros ejemplos. La suma del montante afectado por estas impugnaciones, realizadas directa o indirectamente por García (OPS), está en torno a los ocho millones de euros.
La paralización de estas acciones de promoción ha llevado a las propias instituciones públicas a estudiar acciones legales contra OPS y sus empresas asociadas por daños y perjuicios, ya que muchas campañas específicas, en especial las que se refieren a destinos y a temporadas específicas como el verano (Turismo Andaluz y Diputación de Cádiz, por ejemplo) no se han podido ejecutar, con el perjuicio indirecto también que ha supuesto para las empresas que sí resultaron legalmente adjudicatarias, amén del resto de agencias y medios de comunicación que ejecutarían esas acciones y que han visto cómo una impugnación sin base objetiva dejaba en el aire las campañas publicitarias. Algunas, en el aire; otras, simplemente, nunca se harán.
Pero las acciones legales no sólo podrían estar dirigidas a OPS o García. Hay empresas que también estudian llevar ante los tribunales a las propias administraciones por daños y perjuicios. Y aducen dos motivos.
En primer lugar, que la administración no haya velado por una ejecución correcta de los contratos, puesto que García no abonaba las campañas que sí se publicaron en la práctica totalidad de los medios andaluces, los cuales se han convertido en acreedores de OPS sin que las administraciones públicas hayan adoptado ninguna medida para evitarlo.
Y en segundo lugar, por permitir o no evitar que OPS y empresas vinculadas a ella puedan paralizar los nuevos concursos mediante impugnaciones sin base objetiva alguna, perjudicando nuevamente a las empresas del sector de la comunicación y la publicidad de Andalucía.
