El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró ayer que las nuevas medidas que ponga en marcha el Ejecutivo tendrán que cumplir “varios requisitos” porque el margen fiscal de España es ahora “más limitado”.
Así lo puso de manifiesto Solbes durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados, donde explicó que las nuevas medidas tendrán que ser de carácter temporal, coordinadas a nivel internacional y dirigidas a mitigar el impacto de la actividad económica en el empleo.
El vicepresidente económico aseguró que hay tres instrumentos para mitigar el impacto de la crisis financiera en la economía real: la política monetaria, en manos del BCE, las medidas financieras y las de estímulo fiscal.
En este sentido y tras repasar todas y cada una de las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde que ganara las últimas elecciones, Solbes recordó que España se anticipó al estímulo fiscal que ahora se recomienda en el marco internacional, con una inyección total de unos 40.000 millones de euros en 2008, circunstancia que ahora limita el marco de actuación español.
“Me sorprende que, en ocasiones, se consideren actuaciones de poca importancia”, señaló Solbes, tras asegurar que la política española ahora afronta dos grandes retos: suavizar el fuerte impacto de la crisis sobre la actividad económica y seguir trabajando para lograr un modelo de crecimiento a largo plazo más equilibrado, motivo por el que el Ejecutivo continúa trabajando “intensamente” en el ámbito de las reformas estructurales, “esenciales” para impulsar la competitividad y el crecimiento potencial de la economía.
Solbes recordó que la economía mundial está inmersa en una crisis financiera “sin precedentes” con el consiguiente impacto en la economía real en casi todos los países. A su juicio, la crisis de las hipotecas de EE.UU. cobró virulencia y comenzó a afectar a mercados financieros internacionales con un moderado impacto en España.
Para hacer frente a la nueva situación, deteriorada por un constante incremento del precio del crudo y de otras materias primas, así como por el aumento del Euríbor, el Gobierno adoptó una serie de iniciativas en el mes de abril para proteger el poder adquisitivo de los hogares.
