El Gobierno andaluz acaba de autorizar la liquidación definitiva de la empresa Santana Motor SAU a la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea). Pero la historia de esta empresa, que una vez fue un referente de capital 100 por 100 español se remonta varias décadas atrás.

La empresa se fundó en 1956 en la localidad de Linares, con la idea, en un primer momento, de fabricar maquinaria agrícola. Pero muy pronto inició la producción de su producto estrella, el Land Rover Santana, bajo licencia británica, del que vendió miles de unidades en España y exportó a países de África y Oriente Próximo.

Los problemas económicos llevaron en 1989 a Land Rover a cancelar su acuerdo con Santana, por lo que la empresa de Linares comenzó a producir todoterrenos con su propia marca. Por aquella época, otros fabricantes habían empezado a producir este tipo de vehículos, por lo que Santana buscó alianzas internacionales, y las encontró en la firma japonesa Suzuki, que en pocos años, a principios de los años 90, se había hecho con casi el 85% del accionariado.

La Junta, empresaria

La empresa, a pesar de todo, no termina de levantar cabeza. En 1995, la Junta de Andalucía compró la empresa a Suzuki. Pero no consiguió frenar la caída de las ventas y, con ellas, las pérdidas millonarias de la compañía. El Gobierno andaluz tardó 15 años en darse cuenta del fracaso de la operación y trató de vender la compañía, pero no encontró a un socio industrial dispuesto a afrontar el reto y aumentar la carga de trabajo, ni, por supuesto, a poner sobre la mesa los millones que la operación requería. En los últimos dos años, las pérdidas sumaban 80 millones.

En febrero de 2011, tras gastar 600 millones de euros en reflotar una empresa hundida, decidió liquidar la compañía, prejubilando a casi 800 trabajadores mayores de 50 años y recolocando al resto de los trabajadores, unos 300, en otras industrias de la comarca. En los años 80, antes de la crisis, la compañía había llegado a emplear a más de 3.400 trabajadores. La Junta había intentado negociar, entre otras, con la compañía italiana Iveco, sin éxito.

El Gobierno andaluz, ni presidido por Manuel Chaves ni luego con José Antonio Griñán, se había resistido a dar por muerto el proyecto. Pero Santana había dejado de ser competitiva y las ventas se habían desplomado.

La Junta de Andalucía cambió de estrategia en 2011. Renunció a tratar de buscar viabilidad a la empresa automovilística y se centró en un plan para regenerar el tejido industrial y productivo de la zona, una de las más castigadas por el desempleo en Andalucía. Así nació el Plan Linares Futuro, que contaba con el apoyo de los sindicatos, y con el que se pretendía resolver el problema de los trabajadores afectados por el fin de la producción.

El plan contemplaba prejubilaciones y la recolocación de los trabajadores que no se prejubilaran en otras empresas a las que se ofrecían facilidades y ventajas económicas para instalarse en un parque empresarial moderno y competitivo. Pero el plan no funcionó, porque las empresas nunca llegaron.

El acuerdo adoptado el martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es un trámite más, el penúltimo, en un proceso iniciado hace siete años y medio, cuando la Junta General de Accionistas de Santana Motor acordó la disolución de la compañía y su liquidación. En la reunión del Consejo de Gobierno se autorizó, además, la suscripción de un aumento del capital social de Soprea por importe de 9,4 millones de euros, con cargo a la aportación no dineraria de los derechos de crédito de la Agencia IDEA, propietaria de los suelos del parque empresarial linarense.

El "fondo de reptiles"

Una parte importante del dinero que la Junta de Andalucía destinó a Santana Motor procedía de la famosa partida 31L, bautizada (aunque ahora lo niega) por el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, como el "fondo de reptiles" del que se nutrieron las ayudas investigadas en el caso ERE.

José Antonio Viera llegó a la Consejería de Empleo en el año 2000, en un momento en que muchas empresas andaluzas, entre ellas Santana Motor, aunque no era la única, afrontaban tal vez sus peores crisis en años. La Junta estaba desbordada apagando fuegos, e un intento casi desesperado por mantener la paz social.

En 2001 se firmó el convenio marco que permitía a la Consejería de Empleo dar las ayudas, que pagaba el IFA (que luego se transformaría en la Agencia IDEA), saltándose la mayor parte de los controles sobre el dinero. Es el denominado "procedimiento específico" que en estos momentos se enjuicia en la Audiencia de Sevilla, en la denominada "pieza política" del caso ERE.

Pero las ayudas que recibió Santana Motor también se investigan en una pieza separada, en la que la juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso ERE, ha incluido como investigadas a un total de 17 personas, entre ellas los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, y otros cinco exaltos cargos de la Junta: los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, el director general del IFA entre 2001 y marzo de 2002, Juan Carlos Ollero, y al expresidente del IFA Salvador Durbán.

Con cargo a las partidas bajo sospecha, la Junta de Andalucía concedió ayudas sociolaborales por más de cien millones de euros para la empresa Santana Motor. Se ejecutaron dos expedientes de regulación de Empleo, uno en 2001 y otro en 2010. De todo el caso ERE éste es el expediente de mayor importe económico, junto con el de la Faja Pirítica de Huelva, aunque este último afecta a varias empresas.