La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional considera que la gestión del dinero público, parte de él al menos, destinado a reflotar la factoría de Santana Motor en Linares fue irregular y ha podido producir un menoscabo de fondos de al menos 36,1 millones de euros.

En un informe remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla el 7 de septiembre pasado, la UDEF señala que de estas irregularidades ya dio cuenta en su día la propia Intervención General de la Junta de Andalucía. Pero su informe de actuación, tras detectar aquellas irregularidades, no fue suficiente para evitar el supuesto menoscabo de fondos públicos.

El atestado de la UDEF, que este domingo hizo público el PP, personado en esta y otras causas por presunta corrupción, apunta al convenio suscrito entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa en 2008 para la concesión de un préstamo reembolsable con cinco años de carencia y un interés del 0%, a pagar en diez años (de 2014 a 2023), para la creación de capacidades para el diseño y desarrollo tecnológico de productos y procesos industriales de vehículos todoterreno.

La Junta ya había adquirido Santana Motor y sus intentos por encontrar un socio tecnológico para la planta de Linares habían fracasado. Necesitaba carga de trabajo para la fábrica. Y surgió el proyecto Massif. El convenio firmado por el Gobierno por 36,1 millones era para financiar este proyecto. Hasta ahí, todo está en orden, según la UDEF

En 2009 se firmó otro convenio entre la Consejería y la Agencia IDEA para la gestión de esos 36,1 millones. El convenio había sido fiscalizado por la Intervención General de la Junta el 2 de diciembre de 2009 y autorizado por el Consejo de Gobierno el día 15 de ese mes.

Dos días después se firmó el convenio. Y ahí empezaron los problemas. Dos de sus cláusulas fueron alteradas, sin conocimiento de la Intervención ni el Consejo de Gobierno, según la UDEF, con consecuencias definitivas.

Las cláusulas modificadas

En el convenio firmado se suprimió el punto sexto de la cláusula segunda, y se modificó la redacción del punto cuarto de la cláusula cuarta.

La Intervención de la Junta lo tuvo claro. En su informe, citado en el atestado de la UDEF, señala que "el nuevo texto sustituido e incorporado a esta cláusula tiene como efecto principal que, concedido y pagado el préstamo reembolsable por la Consejería a la Agencia IDEA, la primera deberá transferir nuevamente a la segunda otro importe equivalente para que ésta le reintegre el préstamo". Es decir, libraba a IDEA de la obligación de devolver el dinero.

La Intervención entiende que, de esta forma, lo que IDEA recibe no es "un crédito reintegrable, como había autorizado el Consejo de Gobierno, sino una ayuda a fondo perdido", lo que "podría suponer un menoscabo de fondos públicos".

El informe de la Intervención es de 2014. A raíz del mismo, la Intervención dictó un informe de actuación para modificar el convenio firmado entre la Consejería y la Agencia IDEA según los términos autorizados por el Consejo de Gobierno. La Agencia IDEA comenzó entonces a devolver a la Consejería el préstamo, pero nunca trató de recuperar el dinero entregado a Santana Motor.

Préstamo participativo

Hay más irregularidades, según la UDEF. El 21 de marzo de 2011, el consejo de administración de Santana Motor acordó proponer a la Junta General de Accionistas la disolución y liquidación de la sociedad.

Y un día después, el consejo rector de la Agencia IDEA, reunido en sesión extraordinaria, modificó los acuerdos adoptados en junio y diciembre de 2010 autorizando a la Agencia a conceder dos créditos a  Santana Motor por 25,73 y 10,37 millones de euros (que sumaban los 36,1 millones concedidos por el Ministerio), transformando aquellos créditos reembolsables en préstamos participativos.

La Intervención consideró "carente de lógica financiera" el acuerdo, justo después de que Santana Motor pidiese su disolución, ya que los créditos participativos están condicionados a los beneficios de la empresa, y ésta, a punto de disolverse, no los iba a tener. Además, la condición de participativos altera el orden de la prelación a la hora de cobrar deudas, quedando estos préstamos por detrás de los acreedores comunes, lo que hace casi imposible el cobro.