Los pobres animales sólo cumplen una misión ecológica dentro del ciclo de la alimentación y el de la vida. Pero, como son carroñeros, no ha habido escrúpulos en dar su nombre a otros carroñeros, de trabajo altamente contaminante. Son esos a los que acudió la “honestísima” Sra. Botella, para librarse de la pesada carga de viviendas pensadas para satisfacer algo de la necesidad constitucional existente en Madrid. Pero el nombre de “constitucionales” sólo lo quieren para no definirse “unionistas”. No ha sido el único caso. En España hay viviendas para casi dos Españas. En Andalucía hay para construir varias ciudades nuevas, sólo que están repartidas en las viejas. Y la única forma de obtener más fondos y ventajas fiscales para seguir construyendo, es que no se noten las construidas. Por eso se venden a fondos carroñeros a bajo precio, para que, tras aguantar unos añitos, las saquen a precios prohibitivos. De seguir así habrá que plantearse en serio los “huertos azoteicos”. Pero eso no importa. Que si esos pisos, en vez de a fondos de esos se hubieran vendido a familias necesitadas, incluso a precios algo más altos, sólo algo, hubieran resuelto el problema de la vivienda, tampoco. ¿Qué importancia tiene todo eso frente a la especulación, que cuesta subvenciones, pero encumbra a constructores y bancos que se pueden quedar con las viviendas para venderlas a esos fondos?
Promotoras, constructoras e inmobiliarias ponen precio a las viviendas, y se permiten bautizarlos “de mercado”. Tiene que haber un precio “de mercado” para poder venderlas a precios “por debajo de mercado”, (hasta al 10% las han vendido a esas “empresas de inversión”), que las puedan subir al nuevo precio “de mercado”, marcado otra vez por los primeros. Y vuelta a empezar.
El negociazo, quizá legal, pero ilegítimo de un derecho como la vivienda, que hasta ha hecho intervenir a la ONU para impedir desahucios, tiene un responsable último: el Gobierno en su defensa de una “libertad de mercado” errónea, en tanto restringe o imposibilita un derecho fundamental. Pero la ambición puede más que la honradez, y cuando otro Gobierno hace el menor gesto a favor de la mayoría, le “azuzan” a los perros guardianes de sus intereses espurios, para combatir y desacreditar a tan “atrevidos” gobernantes. La gente debe conocer, es decir, valorar, el comportamiento de las administraciones, y debe controlarlo; obligarle a cumplir su deber, que no es dar más a quien más tiene. Y, como parte de su derecho de control, tiene el deber y todo el derecho de responder a los abusos de los grandes que obtienen beneficios para su único y exclusivo beneficio, a costa del perjuicio de los demás. A los grandes y a los pequeños que se lucran a la sombra de los primeros.
No se puede ir contra la mayoría; dejen de ocultar vergüenzas excusados en Cataluña, que es cuestión específica de los catalanes. La vivienda es un derecho. Y, aunque las fusiones se han hecho para poder imponer condiciones al usuario, el usuario tiene en sus manos el poder de defenderse y forzar otra política económica. Puede y debe imponerse. Por muy poderosos que sean no manejan dinero propio sino de todos. Y no pueden vivir sin él. No se nos olvide.
