La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trata de averiguar qué personas modificaron el texto del convenio suscrito en diciembre de 2009 entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Agencia IDEA para financiar el proyecto Massif de Santana Motor y que convertía en ayudas a fondo perdido lo que debía ser un préstamo. Y la Junta no se lo está poniendo fácil.
Los investigadores han solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que "otorgue mandamiento suficiente dirigido a la Consejería de Empleo" para que entregue "de forma inmediata" copia del convenio firmado el 17 de diciembre de 2009 y que identifique "a todas las personas responsables de la elaboración, tramitación y firma del convenio".
La Policía solicitó el 28 de junio pasado a la Consejería de Empleo el organigrama de la Consejería en las fechas en que se firmaron los convenios entre el Ministerio y la Consejería (octubre de 2008, era consejero Francisco Vallejo) y entre la Consejería y la Agencia IDEA (diciembre de 2009, siendo consejero Martín Soler), así como la relación de empleados que ha tenido la Consejería desde 2008 en adelante.
La Consejería respondió el 21 de agosto, casi dos meses después, asegurando que "no ha sido posible obtener la información solicitada, al no disponer de los medios adecuados y se ha dado traslado de dicha petición a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública".
El oficio remitido por los investigadores a la Consejería de Empleo el 25 de julio solicitando copia del convenio entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Agencia IDEA para gestionar el crédito de 36,1 millones concedido por el Ministerio para fabricar un todoterreno en Santana Motor, ni siquiera obtuvo respuesta por parte de la Junta. Al menos, hasta el 7 de septiembre, fecha en la que el juzgado recibió el atestado de la UDEF.
"En vista de la falta de respuesta a los oficios remitidos", la UDEF ha solicitado a la juez que reclame a la Consejería esta información. En su investigación, que se apoya en un informe de la Intervención General de la Junta, que apunta la posible existencia de menoscabo de fondos públicos, por la modificación de aquel convenio, que se llevó a cabo sin conocimiento de la Intervención ni del Consejo de Gobierno.
