La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que instruye la causa sobre las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta y dentro de la pieza separada de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha citado de nuevo a declarar como investigado este jueves al ex director general de la extinta fundación Fernando Villén por el uso de tarjetas con fondos de la entidad en prostíbulos.
La declaración de Villén, que está citado a las 11,00 horas, fue solicitada por la Junta después de remitir la documentación requerida por el Juzgado y que podría contener hechos con carácter presuntamente delictivos, como "malversación y/o apropiación indebida".
Según expresó en julio el consejero de Empleo, Empresa y Comercio en la comisión de empleo del Parlamento, sería "lamentable y deleznable" de terminar confirmándose el uso de una tarjeta de la Faffe para realizar un total de 15 pagos sucesivos por valor de 14.737 euros entre las 20,57 horas del 22 de marzo de 2010 y las 02,43 horas del 23 de marzo de 2010.
Entonces, indicó que su departamento ya presentó la documentación en el juzgado y no la hizo pública, en referencia a los movimientos de la tarjeta de crédito de la Faffe.
ÚLTIMO ATESTADO DE LA UCO
Precisamente esta declaración se va a producir en la misma semana en la que el PP-A ha dado a conocer un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala la existencia de hasta ocho tarjetas bancarias de la extinta fundación, con las que se habrían gastado un total de 31.969 euros en "doce juergas" en clubs de alterne de las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba.
Tres de esas ocho tarjetas se habrían utilizado para hacer 43 gastos en prostíbulos, correspondientes a doce fechas, "juergas", en palabras del líder del PP-A, Juanma Moreno, que habrían tenido lugar en distintos momentos entre finales del 2004 y mediados del 2009.
Las ocho tarjetas "estaban asociadas a tres cuentas corrientes con un saldo de 828 millones, y se habrían gastado unos 80.000 euros de dinero público" con su uso. Concretamente, además de los 31.969 euros en clubs de alterne, otros 19.000 habrían sido gastos en peajes, unos 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles y otros 4.300 en gastos sin justificar.
De las ocho tarjetas mencionadas por la UCO, seis estaban en poder del que fuera director de la Faffe, Fernando Villén, y otras dos en manos de su hermano, Manuel Villén, quien las habría utilizado en gastos de peaje por un importe total de 8.109 euros.
En lo que a las seis tarjetas del exdirector respecta, con un gasto total de 72.489 euros, tres de ellas se utilizaron en clubs de alterne, en lo que la Guardia Civil apunta al "mayor importe financiado con las tarjetas asociadas a las cuentas de Faffe", un total de 31.969 euros.
En este importe estaría incluido el presunto pago de 14.737 euros en el club 'Don Angelo' de Sevilla por parte de Villén, que ha dado pie a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento mientras que se desconoce el destino de los otro 23.000 euros revelados en sede parlamentaria por el consejero de Empleo, Javier Carnero.
Además, según denunció el PP, la UCO indica en el último atestado que en la Faffe se intentaron "maquillar" las cuentas "para ocultar" estos gastos. "Se maquillaron los libros contables" para explicar que en las devoluciones conocidas "no aparecen ingresos" por esos importes, mientras que la UCO ve "indicios claros de que se han falseado los apuntes contables".
IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS DE LA FAFFE
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción, en la pieza separada de los cursos de formación que investiga las irregularidades en la extinta Fundación, considera que esta entidad realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, contratos que "supondrían una quiebra a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y de publicidad, obstaculizando de este modo la competencia y convirtiéndolos en procedimientos con un determinado grado de opacidad y, por tanto, con mayor índice de riesgo y conductas irregulares".
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y el importe total de los contratos presuntamente irregulares superaría esos nueve millones de euros, repartidos entre diversas empresas.
