La investigación de quien fuera hasta hace una semana director financiero de la empresa municipal Promálaga por cobrar supuestas “mordidas” a empresarios, a cambio de licitaciones, ha vuelto a abrir la caja de los truenos en la Casona del Parque. Unos hechos dieron origen, hace ya más de dos años a una investigación penal por presuntos delitos de de cohecho y blanqueo de capitales, y que han motivado ahora su despido fulminante tras dos años de seguimiento policial a lo actuado por el cesado.
La oposición, no ha tardado en reaccionar ante un asunto del que esperan conseguir el pertinente rédito político a través de planteamientos como la creación de una comisión de investigación que abanderan PSOE y Adelante Málaga, no así Ciudadanos. La formación naranja, otrora impulsora de ese órgano en la pasada legislatura, obligando a Francisco de la Torre a articularla para aclarar asuntos urbanísticos o relativos al funcionamiento Limasa, rehusa ahora esa posibilidad. Y es que el escenario ha cambiado, y el partido de Albert Rivera está perfectamente mimetizado en su pacto de gobierno con el Partido Popular. Es por ello por lo que su portavoz, Noelia Losada, rechaza tajante adherirse a la petición socialista que atribuye a un claro interés electoralista.
Pero más allá del pertinente rifirafe político y las consecuencias que deriven de la investigación del Juzgado, se antoja oportuno cuestionar el papel de los empresarios que hayan podido verse implicados, siquiera sentido víctimas de estas supuestas irregularidades: ¿por qué han mirado para otro lado? ¿por qué han eludido dar la voz de alarma ante actos carentes de legalidad? ¿por qué habrían aceptado esos supuestos sobornos? Demasiados interrogantes a los que esperemos arroje luz cuánto antes la investigación judicial en curso.
