La Junta de Andalucía mantendrá el actual modelo autonómico de subasta de medicamentos, aunque ampliará la concurrencia de más actores, según ha señalado este miércoles el consejero de Salud, Jesús Aguirre.
Aguirre ha asegurado en un acto que la Junta modificará el actual modelo de subasta de medicamentos, avalado por el Tribunal Constitucional tras denunciarlo el Ejecutivo central del PP, para "abrir el abanico" de las empresas que concurran.
Ha opinado que el modelo vigente, implantado por el anterior gobierno autonómico socialista, ha generado problemas de "desabastecimiento y libertad de prescripción y de acceso al medicamento", que ahora se pretenden solucionar con un sistema de subasta que evite estos desajustes y respete el objetivo de "la sostenibilidad económica del sistema sanitario público andaluz". El Gobierno andaluz da así marcha atrás a su intención inicial de eliminar la subasta y opta por seguir los consejos de numerosos estudios, entre ellos el de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), quien propuso extender el modelo de subasta de fármacos de Andalucía, aunque con algunos cambios, a todo el territorio nacional. Según sus estimaciones, ahorraría hasta 1.000 millones de euros en gasto al Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2020-2022 si se aplicara de forma extensiva en todas las comunidades autónomas y con una introducción no progresiva.
El consejero andaluz, anteriormente senador del PP y ponente de la actual Ley de Sanidad, ha pronosticado que cualquier modificación de este texto legal que impulsase el nuevo Ejecutivo central de PSOE y Podemos para implantar la subasta de fármacos en la sanidad pública requerirá un plazo no inferior a un año y medio, por lo que la Junta implantará antes su nuevo modelo, una vez se agoten los plazos de concesión del sistema vigente. "No sabemos las propuestas del nuevo Gobierno central, pero podemos mantener un modelo diferenciado de Andalucía, que sirva de contrapunto a las posibles propuestas" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha señalado.
El Gobierno de España ya anunció el pasado año la posibilidad de implementar "en el horizonte temporal más inmediato" y a "escala nacional" de un mecanismo de selección de medicamentos como el que venía aplicando Andalucía desde el año 2012, y ello a partir de unas recomendaciones que ha planteado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).
