La Fiscalía no solicitará más pruebas del caso Marta del Castillo

La Fiscalía de Sevilla considera que no son precisas más pruebas en la investigación por la muerte de Marta del Castillo, mientras que los abogados de la acusación y la defensa agotarán el plazo que les ha dado el juez para proponer nuevas diligencias, que concluye el próximo martes.

Fuentes del caso explicaron ayer a Efe que los abogados de los cuatro acusados y de la acusación particular que ejercen los padres de la víctima van a dedicar el próximo puente festivo a revisar los veinte tomos de actuaciones y decidir si piden nuevas diligencias, paso previo a la conclusión del sumario.

Por su parte, fuentes de la Fiscalía de Sevilla adelantaron a Efe que, en principio, consideran que no hay nuevas diligencias necesarias que practicar, previas a la apertura de juicio oral.

El juez de instrucción 4 de Sevilla ha iniciado con esta petición de diligencias la recta final de la investigación judicial por la muerte de Marta, una vez recibidos los resultados de las últimas pruebas de ADN que mostraron que unos cabellos encontrados en el coche del hermano del asesino confeso no pertenecen a la víctima.

En esta fase, el juez podrá también ordenar de oficio las pruebas que estime necesarias y complementarias a las pedidas por las partes, y si no se lleva a cabo ninguna volverá a dar un plazo de cinco días para que las partes presenten sus escritos de calificación y la petición, en su caso, de apertura de juicio.

De esta manera se inicia la fase final del proceso por la muerte de la joven Marta del Castillo, de 17 años, ocurrida el pasado 24 de enero y por la que están imputados su ex novio y asesino confeso, Miguel C. D, su amigo Samuel B. P, que presuntamente le ayudó a trasladar el cadáver a un lugar desconocido, así como el hermano mayor de Miguel y su novia, que presuntamente estuvieron la noche del crimen en el piso donde se cometió.

En la comparecencia del pasado 9 de septiembre para concretar las imputaciones, la Fiscalía de Sevilla adelantó que iba a acusar a Miguel de presuntos delitos de asesinato y violación, y a los restantes tres adultos un presunto delito de encubrimiento.

La familia de Marta, personada como acusación particular, añadió a todos ellos un presunto delito de profanación de cadáveres y al hermano de Miguel, Francisco Javier D. M, otro de amenazas al menor implicado.

Junto a estos cuatro adultos, un chico de 15 años está procesado ante el juzgado de Menores de los mismos delitos de violación y asesinato que se imputan a Miguel.

Francisco Javier pide amparo al Defensor del Pueblo

Mientras, el hermano del asesino confeso de Marta del Castillo ha pedido amparo al Defensor del Pueblo andaluz porque afirma haber sido "apedreado" públicamente en su presunción de inocencia y porque teme por la seguridad de su familia y de su hija de corta edad.

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, Francisco Javier D. M. lamenta especialmente la filtración de resoluciones judiciales del caso antes de que lo supieran los acusados, la creación de una opinión pública contraria que le impedirá tener un juicio justo y la falta de protección policial en sus comparecencias en el juzgado, para evitar "las intenciones de agresión que la turba tenía sobre mi persona".

Francisco Javier pasó tres meses en prisión provisional como presunto encubridor pues supuestamente limpió "huellas y rastros" la noche del crimen, el pasado 24 de enero, en el piso donde se produjo, y ahora pide amparo al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pero evitar que otros inocentes "tengan que pasar por la situación en la que actualmente transcurre mi vida".

Su escrito denuncia las escuchas autorizadas por el juez a los cuatro acusados y sus abogados en el locutorio de la cárcel, lo que cree ilegal porque sólo se ha previsto "en justificadas ocasiones y para delitos de terrorismo".

En ese sentido, cita resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos referentes a Moldavia y compara su caso con el de los países con trayectoria dictatorial y la España franquista, cuando "los procesados lo eran por delitos políticos y se les procesaba sobre la base de escuchas autorizadas".

Su protesta, precisa Francisco Javier, es independiente de que él mismo, como padre, comprenda "el dolor de la familia de la víctima" y que para ella "encontrar a su hija deba ser lo más importante del mundo".

Dichas circunstancias "les pueden llevar a estar equivocados respecto a mi persona y considerar que por el hecho de ser hermano de Miguel -el asesino confeso de la joven- debo tener responsabilidad en la cuestión".

Francisco Javier denuncia haber sido víctima de un "apedreamiento público" derivado de no reconocerle la presunción de inocencia, lo que hace que tenga un "temor fundado" respecto a la seguridad de su propia persona, su hija de corta edad, su familia y su actual compañera.

Asegura que el "caso Marta" parece estar instaurado "en la fase preconstitucional, al carecer de las garantías adecuadas", y que se siente en una situación "absolutamente kafkiana".