La inaceptable huelga encubierta del 092

Lo podrán llamar como quieran e incluso más de un agente puede que esté más que satisfecho del respaldo de su protesta, pero la huelga encubierta desarrollada por la Policía Local (con el respaldo del SIP, aunque no lo ha hecho público de forma oficial) no sólo es inaceptable, sino una burla a todos los jerezanos. La ausencia de más de la mitad de los agentes que debían haber trabajado el pasado sábado (faltaron 45 de los 72 que tenían turno ese día y la gran mayoría sin avisar previamente y sin presentar ni un parte de baja) no sólo dejó a toda la ciudad desabastecida de seguridad en una jornada previa a la celebración del Día de los Difuntos y con un partido entre el Xerez y el Sevilla, sino en serio peligro ante cualquier posible catástrofe. Y esto no tiene ninguna justificación, máxime cuando el SIP lleva ya muchos meses reclamando la solidaridad de todos los jerezanos ante las carencias de material que dicen padecer, aunque en el fondo de esta protesta se esconda un mayor interés de conseguir más dinero y nuevos pluses que más coches patrulla o transmisores para hacer su trabajo. Un sindicato que se considere serio no puede ni impulsar ni admitir que se deje a toda una ciudad sin cobertura policial y encima reclamar la solidaridad ciudadana, porque no han dejado a una empresa con menos actividad, sino a 200.000 habitantes sin prácticamente seguridad, pese a que la Policía Nacional hizo una labor encomiable cubriendo estas carencias. Y ante una situación de estas características, al Ayuntamiento sólo le queda un camino: tomar medidas serias y castigar a todo aquel agente que no pueda demostrar que faltó al trabajo por una causa justificada. Mostrar temor ante una nueva movilización de estas características, ceder ante el chantaje --porque eso es lo que han hecho los agentes del 092-- y acabar plegándose a sus exigencias --las reales, las económicas-- no sólo será un error muy caro, sino un signo de debilidad que no se puede permitir. Los problemas se deben solucionar con el diálogo, pero nunca bajo la amenaza de una huelga encubierta y, mucho menos, cuando ésta ya se ha llevado a cabo. El Ayuntamiento debe dejar claro que en todo hay un límite y que el SIP ya lo ha rebasado y debe pagar por ello.