El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a una red de 14 personas y 25 compañías de Colombia, España y Holanda, por su supuesta vinculación con el narcotráfico, en concreto con el cartel de Cali. De las empresas sancionadas, diez están localizadas en la provincia de Málaga, vinculadas a dos españoles

Las sanciones, según anunció ayer el Departamento del Tesoro de EEUU, implican la congelación de los activos de estas personas y empresas en territorio estadounidense, así como la prohibición de hacer transacciones con entidades financieras de EEUU.

La presunta trama española de la red son un grupo de diez empresas localizadas en la provincia de Málaga, y vinculadas a los españoles Laureano Ramos Rodríguez y Marco José Fernández Montero, a quienes el Departamento del Tesoro considera socios financieros clave de la red.

Entre las empresas figuran General de Obras y Alquileres y Proyecto Empresarial Costa Arena, ambas en Marbella, a las que se unen Gestión de Administraciones SIP, Laureano Ramos Gabinete Técnico, y Patrimonio de Gestión y Administración SIP, todas en Fuengirola.

Asimismo la OFAC pidió que se impusieran sanciones a las empresas Hormac Planning, Quantica Project, y Tracking Innovations (San Pedro de Alcántara), y SIP Consultancy Services y Servicios de Control Integral Facilities Management (Campanillas).

A ellas se unen otras seis empresas vinculadas al colombiano Hernando Mejía Uribe, que supuestamente ejerce de enlace entre la trama española, la holandesa y la colombiana.

A todos ellos, se les acusa de prestar apoyo a Gilberto Rodríguez Orejuela, el cabecilla del cartel de Cali del narcotráfico.

La trama desvelada ayer "demuestra los esfuerzos enormes que la familia Rodríguez Orejuela ha hecho para esconder sus activos, y el compromiso de las autoridades durante casi quince años para exponer y bloquear los activos de su tráfico de drogas y lavado de dinero", dijo ayer Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro.

La agencia, conocida por su sigla en inglés OFAC, sostiene que el colombiano Hernando Mejía Uribe "es el cabecilla de esta red de colombianos y españoles que colaboraron para ocultar activos pertenecientes a miembros de la familia de los cabecillas del cartel de Cali, Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela".

Según el Departamento del Tesoro, Mejía "ha sido un colaborador de los Rodríguez durante largo tiempo y controlaba numerosas propiedades pertenecientes a miembros de la familia Rodríguez".

Mejía fue arrestado en Colombia en febrero pasado junto con los hijos de Gilberto Rodríguez Orejuela. Se trata de Humerto, Jaime y María Alexandra Rodríguez Mondragón, quienes fueron acusados de lavado de dinero.

Otros colombianos mencionados en el caso son la esposa de Mejía, María Emma Botero Aristizábal, los abogados Luis Carlos Camboa Morales y Luis Gonzalo Baena Cárdenas, y los contables Inmaculada Díaz Chacón y Sixto Parra Millares.

Según el gobierno estadounidense, Mejía posee o controla numerosas empresas colombianas ubicadas principalmente en Cartagena de Indias (Colombia), como Inversiones El Progreso, Euromar Caribe, e Inversiones Lamarc.