Un año más, cada 25 de noviembre se nos ofrece la fotografía de una de las lacras más vergonzantes de nuestra sociedad desarrollada, la de la violencia contra las mujeres. El dato destacado nos habla de que el número de mujeres muertas a manos de sus parejas se ha reducido, pero la cifra sigue siendo insoportable: 57 mujeres asesinadas en lo que va de año nos retrotraen por comparación a los balances criminales que endosaba ETA en sus etapas más sanguinarias. Con una diferencia: la violencia de la banda terrorista siempre se ha percibido por la sociedad como uno de los dos o tres problemas fundamentales de nuestro país, mientras que la preocupación social por la violencia de género sigue hundida en el ránking que periódicamente ofrece el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Mientras el dato de la muerte sigue siendo desalentador, hay otros que nos permiten observar la lucha contra este fenómeno criminal al menos desde una doble perspectiva. Desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género se han dictado 300.000 sentencias por violencia de género que han llevado a la cárcel a más de 50.000 maltratadores. Además hay casi 95.000 mujeres en España que disponen de protección judicial. La perspectiva negativa nos ofrece un verdadero ejército de víctimas y verdugos detectados, lo que nos dice mucho sobre la magnitud del problema al que nos enfrentamos.

La perspectiva optimista nos permite ver a miles de mujeres liberadas del infierno del maltrato gracias a su valentía y a la protección del Estado, y nos remite a la pregunta fundamental: ¿De cuántas muertas estaríamos hablando hoy si no se hubiera puesto en marcha la maquinaria legal, judicial, policial y asistencial que previó la ley?

Hay otro dato significativo que merecería una reflexión profunda. De las mujeres asesinadas un 45% son inmigrantes. La disgregación de esta cifra alimentará la voracidad de los xenófobos que propondrán de inmediato la erradicación del problema con la expulsión de las víctimas. Pero interpretado con frialdad nos aporta pistas sobre lo mucho que han avanzado las mujeres españolas en la detección y la denuncia del maltrato, y lo mucho que queda por hacer para frenar esta lacra entre las mujeres inmigrantes, que llegan aquí desde países en los que el machismo y la violencia tienen los perfiles que ofrecía España hace tres o cuatro décadas. La consideración de esta realidad exige poner en marcha acciones y políticas orientadas a dar respuesta a esta realidad dual. Y quizás así el próximo año tengamos alguna razón más con la que alimentar el optimismo.