El 9 de mayo termina el Estado de Alarma que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado 29 de octubre y el 10 comenzará otra situación que no será Estado de Alarma, único procedimiento constitucional de limitación de derechos fundamentales.  Habrán  transcurrido seis meses  desde la última prórroga y más de un año desde que comenzó el calvario: la pandemia del coronavirus.  Los 194 votos favorables   contó con  155  del PSOE y Unidas Podemos,  13 de ERC, 10 de Ciudadanos, 6 del PNV, 3 de Más País y Compromís, 4 del PDeCat y los  únicos de PRC, BNG  y Teruel Existe.

Abascal aprovechó el momento para decir  Pedro Sánchez era un “tirano en prácticas” y Casado para poner de manifiesto que era  un “atropello legal.” El primero votó en contra y el segundo se abstuvo. El discurso de la “libertad” que ha triunfado en la Comunidad de Madrid  se estaba fraguando ya en esa votación. Libertad para el virus, claro está. Según los prohombres que  nos defienden  frente al despotismo sanchista (Sanchismo o Libertad es el último lema de Casado), el Estado de Alarma es un corsé a la libertad y los confinamientos  y el toque de queda un acto dictatorial.  El Estado de Alarma dijo Casado que era  “un agujero negro para las libertades” y un “Estado de Excepción encubierto”. Supongamos que sea cierto, ¿por qué  los gobiernos autonómicos presididos por los populares se muestran preocupados con la finalización del Estado de Alarma?   ¿Por qué  antes no se aclaran  con Casado? Sus líderes  nacionales  llevan enfangados  desde el principio:“No podemos prorrogar más sus poderes extraordinarios. Sería una irresponsabilidad” dice Casado a Sánchez.  Si hay Estado de Alarma se manifiestan  en contra y si no lo hay aprecian su necesidad.  Con la  fórmula constitucionalmente establecida o con un plan B  que el Congreso rechazó por amplísima mayoría.

El 10 de mayo  terminarán  -si Urkullu no lo impide-  el toque de queda y las restricciones  generales a la movilidad, aunque podrán continuar las medidas sobre  mascarillas,   horarios y    aperturas comerciales  u otras más duras, sanitariamente justificadas  y aprobadas judicialmente. Significará un  alivio, pero  una responsabilidad  añadida para los ciudadanos.  El proceso de vacunación estará más avanzado y   las restricciones han terminado por resultar enormemente fatigosas para el común de los mortales. Esperemos ser menos mortales  para entonces.