La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada pide en sus conclusiones provisionales penas de entre cuatro y seis años de prisión en la causa por la presunta utilización de tarjetas bancarias de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para el pago en locales de alterne.
El Ministerio Público, según recoge el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, solicita en concreto seis años de cárcel, seis años de inhabilitación especial y multa de 7.200 euros para el exdirector técnico de la Faffe Fernando Villén.
Para la otra investigada en el caso, la directora económica financiera de la citada fundación entre 2004 y 2011, Anna Valls, pide por su parte cuatro años de prisión y otros cuatro de inhabilitación para cargo o empleo público, además de una multa de 6.000 euros.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, pide que ambos acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Junta de Andalucía en la cantidad de 32.566 euros por las "cantidades distraídas".
La Fiscalía Especial ha interesado la apertura de juicio contra Villén y Valls, y considera al primero de los dos acusados autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, y a la segunda como cooperadora necesaria.
Orgías
Respecto al que fuera director técnico de la Faffe, el Ministerio Público recoge en su escrito que, con "desprecio" a los más elementales deberes de su cargo y en detrimento de los fondos que su posición le obligaba a disponer y administrar, "satisfacía sus lúbricos deseos en locales de alterne y prostíbulos de la geografía andaluza".
Asimismo, señala que en ocasiones llegaba a organizar orgías con terceros no identificados que llegaron a alcanzar una cuantía considerable, con un gasto total mediante el uso de las tarjetas bancarias de la fundación que ascendió a 32.566 euros en locales de prostitución, con tres de las seis tarjetas que utilizaba.
Según la Fiscalía, los acusados, uno como director general y otra como directora económica financiera, debían firmar cada documento de gasto pagado por detrás, y los anticipos de caja se ponían hasta el importe máximo con la periodicidad necesaria que marcaba las necesidades de Tesorería. Entre otras cuestiones, añade que aprovecharon ese sistema de caja para simular que Villén reintegraba los gastos de sus excesos en los locales citados.
