El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, ha aprovechado la reciente visita de la delegada provincial del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, para trasladarle algunos asuntos que le preocupan y en los que la Junta de Andalucía tiene competencias. Desde el Ayuntamiento se ha pedido a la Junta información sobre la tramitación del proyecto ‘Ciudad Amable’, que estaría pendiente de su redacción y adjudicación. Cabe recordar que esta iniciativa que pretende remodelar la plaza del Cabildo y parte de la calle Corredera con fines turísticos, contempla una inversión de 1,3 millones de euros.
De otro lado, Gambín ha mostrado a la Junta su inquietud por la continuidad de las obras de consolidación de la ladera oeste. La actuación en La Verbena está pendiente de una inversión de 1,5 millones de euros de la institución autonómica y de medio millón de Diputación. Según el alcalde, el primer paso debe ser de la Junta. Ambas administraciones tienen contempladas en sus presupuestos generales estas ayudas, pero de momento no se han ejecutado, manteniendo en vilo de a decenas de familias que han sufrido durante más de diez años las consecuencias del deslizamiento de terrenos.
Carreteras
El alcalde, también, se ha referido al “limbo jurídico” en torno a la titularidad de la carretera de la barriada rural de la Vega de los Molinos, ya que Junta de Andalucía, Diputación y el propio Ayuntamiento parecen no ponerse de acuerdo sobre de quién es en realidad este tramo de unos cuatro kilómetros que desemboca en la Junta de los Ríos, y todo ante de las demandas de acondicionamiento que viene reclamando la vecindad. En el Catastro figura la titularidad de esa vía a nombre de la Junta de Andalucía, aunque esta manifiesta que es municipal. Este tipo de carreteras rurales habrían sido cedidas hace años por el antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) a los ayuntamientos, que según el alcalde de Arcos, no aceptaron tal cesión. El alcalde justifica con estas discrepancias la falta de actuación del Ayuntamiento en la carretera. Por ahora, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz ha recomendado al Ayuntamiento contactar con la Consejería de Agricultura para que emita un informe jurídico sobre a quién corresponde realmente la carretera. La delegada Ana Mestre ha asegurado al alcalde que pronto habrá novedades ante estas demandas.
Gambín también le extrapoló el problema de plantilla que se produjo en el comedor del colegio San Miguel, competencia de la Consejería de Educación. Así, solicitó a la delegada del Gobierno que solucionara lo más pronto posible esta problemática para que el alumnado pudiera volver sin demora a beneficiarse de este servicio. Y así ha resultado felizmente.
