La Delegación municipal de Urbanismo ha solicitado encarecidamente a la Empresa Pública del Suelo y la Vivienda de Andalucía (EPSA) que atienda los numerosos compromisos que tiene pendientes con el parque de viviendas perteneciente a la Junta de Andalucía.
En primer lugar se encuentran los problemas que cada año se producen en la barriada Juan Carlos I con el estado del saneamiento, las humedades, en los patios y escaleras comunitarias, etc. Aun siendo responsabilidad de la Junta la reparación de los desperfectos, el Ayuntamiento ha cedido recientemente a los inquilinos de los bloques 21 y 22 el material necesario para que actúen, con resultados al parecer bastante positivos. Sin embargo, es preciso atender al resto de la barriada.
En el caso de la barriada San José, frente al colegio San Miguel, existe un grave problema con el saneamiento de aguas residuales y la red de alcantarillado. Igualmente, sin ser su competencia, el Ayuntamiento instó a la empresa Aqualia a introducir unas cámaras en las tuberías para, efectivamente, comprobar que requiere una importante actuación que en este caso correspondería a la EPSA. En concreto, un vecino con discapacidad está sufriendo continuos malos olores de un pozo anexo a su vivienda. Para colmo, según reza en el contrato con los propietarios, éstos no pueden instalar un sistema de aire acondicionado en las viviendas con la maquinaria en la fachada, con lo cual han soportado este verano en muchos casos las elevadas temperaturas sin refrigeración artificial.
Por otro lado, la política de rehabilitación de viviendas en el casco antiguo ha sufrido “un parón total”. Desde hace dos años no se ha acometido actuación alguna pese a que existía un compromiso con los vecinos. Del mismo modo, tampoco se han ejecutado las 10 ó 15 viviendas previstas por la EPSA en Caños Verdes, mientras que algunos vecinos afectados por ese convenio nunca llevado a cabo están obligados a pagar las plusvalías del acuerdo por haber entregado un suelo a la Junta sin recibir nada a cambio.
Otro ejemplo de la presunta dejadez de la Junta se sitúa en el casco antiguo, concretamente en la vivienda de un conocido cantaor de flamenco, cuya casa original fue derribada por la Junta debido a un accidente. Desde entonces, hace más de cinco años, vive en una casa propiedad de la Junta sin que se le haya construido la suya.
Asimismo, numerosos vecinos de Arcos e inquilinos de estas viviendas sociales no disponen ahora mismo de recursos económicos como para afrontar un alquiler que en algunos casos supera los 300 euros. En este sentido, caso de los vecinos de la barriada San José, firmaron el convenio en 2007; es decir, cuando la situación económica era mejor y se establecieron mensualidades en base a su renta. Está claro que la situación ha cambiado desde entonces, y ahora la mayoría de vecinos están sin trabajo. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento espera que la Junta revise los precios de alquiler y los aclimate a las necesidades actuales. La idea es rebajar el alquiler en un 30 por ciento, aunque desde el Ayuntamiento se espera que el consejo de administración de la Junta dé un paso más allá rebajándolo en una mayor cuantía.
La EPSA tiene pendiente en Arcos la construcción del parking de la calle Cristóbal Colón, presentado en más de una ocasión como la gran alternativa a la falta de aparcamiento en el casco antiguo y como un proyecto determinante para una posible peatonalización del conjunto monumental. Sobre este proyecto pesa actualmente un estudio de detalle que lo hace inviable, de ahí que la Delegación municipal de Urbanismo reclame a la EPSA y a la Junta de Andalucía que reactiven esta iniciativa tan importante para el desarrollo urbanístico en la ciudad.
En último lugar, el delegado Manuel Erdozain se refirió a las pequeñas obras propias de los programas de rehabilitación preferente de viviendas que igualmente han quedado aparcados. Estos planes venían actuando hasta hace apenas dos años en numerosas viviendas de todo el término municipal, una vez que la Junta aprobara la ampliación más allá del casco antiguo. Estas obras, que tanto bien han causado a familias de Arcos, principalmente personas mayores y discapacitadas, se han abandonado literalmente, según denuncia Urbanismo, que considera que esta política en torno a la vivienda debería ser retomada lo antes posible.
A la espera de una solución
Todos estos asuntos fueron trasladados por el delegado de Urbanismo, Manuel Erdozain, al nuevo gerente de la EPSA, José Díaz, después de haberse frustrado varios encuentros por “el vacío de poder” tras las últimas elecciones autonómicas, coincidiendo con el cambio de responsables de los distintos departamentos. Según Erdozain, es preciso aclarar hasta dónde llegan las responsabilidades y competencias tanto del Ayuntamiento como de la EPSA, para así establecer una política de mantenimiento en torno a estas viviendas sociales.
El delegado aseguró que a diario recibe quejas y peticiones de los vecinos sin que el Ayuntamiento pueda atender cada una de ellas, a pesar de considerar que se hace un esfuerzo muy importante, que en ocasiones se corresponden con promesas electorales de los partidos gobernantes.
La Junta posee viviendas en Juan Carlos I, calles Leal, Mateo González, barriada San José, San Francisco, El Portichuelo, María Auxiliadora, Santa Teresa de Jornet, Cuna, etc. hasta alcanzar un número aproximado de 500 unidades en todo el término municipal arcense.
