La Junta de Andalucía comenzó el pasado fin de semana a publicar los datos de contagio de coronavirus en las localidades. Hasta ahora solo había aportado los datos por distrito sanitario y por provincias. Así las cosas, según los datos, Arcos registraría a día de hoy diez casos de covid-19.

Más allá del dato, que siempre se sostiene con los casos diagnosticados como positivos, la polémica política no se ha hecho esperar, máxime cuando fue precisamente la Junta de Andalucía la que había aconsejado, por no citar prohibido, a los ayuntamientos que no ofrecieran los datos de sus municipios, de lo cual se venía encargando hasta hace unas semanas de manera personal el propio alcalde de la localidad, Isidoro Gambín.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha pedido a la Junta “lealtad institucional” con los ayuntamientos de la provincia a la hora de compartir información sensible de cara a la salud pública”. García ha querido ejercer de portavoz de estos ayuntamientos y hacer constar el malestar que le han trasladado diferentes alcaldes y alcaldesas que han conocido los datos de infectados en su municipio a través de los medios de comunicación, pese a haber demandado repetidamente al Gobierno andaluz poder contar con esta información de manera directa para obrar en consecuencia.  

“Los alcaldes y alcaldesas de la provincia ya nos trasladaron la semana pasada en el Consejo de Alcaldías su preocupación por la falta de información y la necesidad de contar con los datos pormenorizados por municipios sobre la existencia o no de contagios, y ahora se enteran por los medios de comunicación de una información de vital importancia a la que no habían tenido acceso”.

Al respecto, la titular de la Diputación ha recordado que “cada ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía, la que mejor conoce la realidad en que se mueven estas personas y la que está obligada a poner en marcha una serie de protocolos cuando se producen positivos por coronavirus. Negarles o retrasar la transmisión de esos datos pone en riesgo la salud pública”.