El secretario jurídico de Jucil en Málaga, Pablo Rosa, ha señalado este viernes que los seis detenidos por su presunta participación en los hechos que costaron la vida a dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) "sí estaban en un lugar" de los hechos y "sus conductas son delictivas", por lo que "evidentemente una salida de prisión sería muy negativa".
Así lo ha dicho en declaraciones a los medios junto al secretario provincial de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez, con quien ha acudido a los juzgados de Barbate para acompañar a los cuatro guardias civiles que sobrevivieron al ataque de las narcolanchas en febrero en este puerto y que declaran en calidad de testigos.
A las puertas de estos juzgados barbateños Domínguez ha aseverado que estos agentes están "psicológicamente muy tocados" por los hechos que vivieron y que costó la vida a dos compañeros al ser arrollados por una narcolancha y ha manifestado que era "muy necesario el venir aquí a acompañar a los compañeros en este día" para darles "todo el apoyo y visualizar el problema que estamos teniendo en la provincia de Cádiz".
En ese sentido, ha lamentado que desde los trágicos acontecimientos de hace tres meses "seguimos con los mismos medios". "No tenemos medios, no tenemos materiales, no tenemos personal. Prácticamente seguimos igual, esto no ha cambiado. Desde que pasó esto no ha cambiado y hay que darle visualización porque es un motivo político el que no lo quieren hacer, no hay más", ha añadido.
Por su parte, el secretario jurídico de Jucil en Málaga, Pablo Rosa, ha sostenido que han acudido a los juzgados para acompañar a los agentes gaditanos "en esta situación tan dolorosa" y sobre todo para "visibilizar el sufrimiento y el problema que hay en esta zona tan achacada por el narcotráfico".
Jucil está personada como acusación popular en este caso, que llevó a prisión a los seis detenidos que presuntamente estaban a bordo de la narcolancha que arrolló a la zodiac de la Guardia Civil, y que ahora, tras un informe de la Unidad Central Operativa de este Cuerpo, podrían ser eximidos del doble delito de asesinato, al descartarse su autoría en estos hechos.
A este respecto, Pablo Rosa ha solicitado que la investigación "llegue hasta el final" y "no se paralice" tras este informe ya que los detenidos "sí estaban en un lugar" de los hechos y "sus conductas son delictivas", por lo que "evidentemente una salida de prisión sería muy negativa". "Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre la posible resolución judicial que pueda darse, pero evidentemente es un delito y eso tiene que castigarse", ha aseverado.
En ese mismo sentido se ha pronunciado el secretario provincial de Jucil en Cádiz, quien ha afirmado que este informe de la UCO "garantiza que el Estado de Derecho está protegido con la Guardia Civil y la justicia". "Es una investigación y dentro de la investigación se hacen los cambios necesarios para esclarecer claramente quiénes son los culpables", ha añadido Agustín Domínguez.
Por su parte, el Pablo Martín, abogado de uno de los cuatro agentes, ha dicho que su cliente "no quiere estar reviviendo continuamente lo sucedido" y que está "bastante afectado".
Sobre el vuelco que se ha dado en la investigación tras determinase que los seis detenidos no estaban implicados en el ataque a los agentes, el abogado ha asegurado que "no se va a sacar nada más en claro de lo que ya todos conocen" y que la situación fue "muy rápida", ya que "fueron dos minutos y prácticamente de noche".
"Ellos tampoco tuvieron una capacidad de poder ver con exactitud y con precisión la embarcación que era, porque ya había varias y fueron a hacer su trabajo, que era en principio intentar identificarlas o que se marcharan del puerto, como así ocurrió con cuatro de ellas, menos dos, que se dedicaron a hacerle la pescadilla, que se dice en el arco marinero con el resultado que por desgracia todos conocieron", en referencia a la muerte de dos guardias civiles.
Pablo Martín ha indicado que "de momento" no se han pronunciado sobre solicitar que los detenidos continúen en prisión, entendiendo que es algo que tienen que valorar porque "además de los delitos tan graves que nos traen todos aquí, hay otros delitos", como son los de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión.
