Esta problemática ha encontrado solución en el Ayuntamiento de Antequera, a través de un convenio formalizado entre el ente local y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), que compromete a la entidad financiera a adelantar el dinero a las compañías que trabajan para el Consistorio antequerano con unas condiciones muy “ventajosas” para los empresarios en relación a los requisitos que actualmente imperan y se exigen en el mercado.
“Se trata de aportar liquidez a las empresas, y de ofrecer alternativas a los proveedores que trabajan para nosotros y que requieren de cobros inmediatos para garantizar, a su vez, el funcionamiento de la entidad”, aclaró el alcalde de Antequera, Ricardo Millán, quien especificó que el convenio se extiende inicialmente durante un año y cuenta con un fondo de unos dos millones de euros.
De esta manera, todo aquel proveedor del Ayuntamiento que tras recibir la carta de pago del ente local no le convenza el periodo de tiempo marcado por la administración, generalmente unos 180 días, cuenta con la posibilidad de acogerse a este adelanto económico por parte de la entidad financiera, que para hacer uso del servicio les cobrará el Euríbor más un 2%, con una comisión de formalización del 0,35%.
“Este tipo de servicio está ideado para las operaciones ni muy pequeñas ni tampoco muy voluminosas, realmente para las intermedias, que son las que con más frecuencia se formalizan en las administraciones públicas”, continúo el regidor antequerano, quien concretó que actualmente unas 400 compañías prestan sus servicios al Ayuntamiento.
El convenio económico recibe la denominación anglosajona de ‘confirming’, y es el primero de estas características que se cierra en la provincia de Málaga, según los responsables del BBVA.
“Esto nos ofrece una lectura muy positiva de las cuentas del Ayuntamiento, ya que si no gozáramos de liquidez ninguna entidad bancaria se arriesgaría a este tipo de operaciones, pues luego los que tenemos que devolver el dinero al banco somos nosotros”, continúo el regidor. A este tipo de operaciones de calado económico se suma la concesión de microcréditos a desempleados, pero en este caso es el Ayuntamiento el que se convierte en prestamista.