El presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia, Juan Carlos Ruiz Boix, se jactaba a principios de marzo, de haber reducido la deuda con la concesionaria del servicio, la entidad Bioreciclaje de Cádiz SA, de 46 a 21 millones de euros. Sin embargo, pese a que la empresa “ha duplicado los beneficios”, los trabajadores sufren unas condiciones laborales precarias y las instalaciones de Miramundo “están obsoletas”.
El secretario provincial de la Federación de Empleados de Servicios de UGT, José Porras, advierte, además, que la postura de los representantes de Biorreciclaje de Cádiz SA en la comisión negociadora del convenio colectivo es “cicatera” y no tiene en cuenta las demandas de mejora de la plantilla y la planta.
Por todo ello, ha anunciado que, UGT convocará una asamblea general en fecha próxima para decidir la hora y el día del comienzo de una huelga indefinida, así como las concentraciones y manifestaciones que se llevarán a cabo.
“Los trabajadores de Miramundo tienen una nómina que está en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que, según las categorías, horarios y turnos, los empleados de Las Calandrias, en Jerez, y Sur de Europa, en Los Barrios, puede cobrar hasta el doble”, detalla.
“No puede ser que el pago de la deuda del Consorcio y el incremento de la tarifa que abona vaya exclusivamente a las arcas de la empresa”, apunta, “no repercuta en los sueldos de los trabajadores y, además, la empresa mantenga una propuesta a la baja en la comisión negociadora del convenio colectivo”, agrega.
No solo los empleados son los peor pagados en el sector, sino que además, señala Porras, “realizan un mayor esfuerzo que si estuvieran trabajando en unas instalaciones óptimas”. Estas, inauguradas en el año 1999, requieren una urgente modernización, remarca el dirigente sindical de UGT.
Miramundo, que cuenta con unos 180 empleados y da servicio a en torno a 650.000 habitantes de la provincia, recibe unas 400.000 toneladas al año, pero recicla únicamente entre el 8 y el 10% del total.
La organización sindical ha pedido amparo a Ruiz Boix sin que hasta la fecha haya obtenido una respuesta favorable para informarle de la situación y pedirle la mediación para evitar una huelga que afectaría a 34 municipios de la provincia, entre los que se encuentran poblaciones de gran población como Cádiz, San Fernando, Chiclana, Sanlúcar, Villamartín o Vejer, y que incrementan de forma notable el censo próximamente, con el inicio inminente de la temporada estival.
En este sentido, Porras también hace un llamamiento a los ciudadanos de estas localidades y a sus autoridades municipales, integrantes del Consorcio, para que respalden las reivindicaciones de los trabajadores, desesperados ante la falta de diálogo por parte de Biorreciclaje de Cádiz SA.
“Los impuestos deberían estar mejor mejor distribuidos y lo único que piden los empleados es un convenio digno”, apunta UGT en un comunicado remitido el viernes a los medios de comunicación. “No se puede tener diez reuniones y empezar de cero en cada una de ellas”, añade Porras, quien admite que “hemos llegado al límite de plantearnos paros de manera indefinida”.
