Alfonso Vargas, presidente de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), no conoce al detalle el estudio realizado por el Observatorio de Sostenibilidad para la Alianza Energía y Territorio (Aliente) que defiende que en España y, más concretamente en nuestra región, existen suficientes territorios con mínimo impacto ambiental para desarrollar proyectos de plantas fotovoltaicas con mínimo impacto ambiental y sobre la biodiversidad, pero advierte de que, en la práctica, la instalación está condicionada por la planificación y desarrollo de las infraestructuras de transporte eléctrico que diseña y ejecuta el Gobierno de la Nación a través de Red Eléctrica de España. De manera que las placas solares y los molinos se sitúan en aquellos lugares donde estos equipamientos existen y tienen capacidad.
“Andalucía sufre un déficit en este sentido”, apunta, aunque se ha comenzado a paralizar con la reciente inauguración del primer tramo del eje Caparacena-Baza-La Ribina, que incluye una subestación y la línea de 400 kV que permitirán la construcción y puesta en servicio del Corredor Mediterráneo (Granada-Almería) y sientan las bases para la futura llegada de la alta velocidad a Almería. Respecto a la moratoria planteada por la plataforma, con la adhesión de unos 70 ayuntamientos de toda la comunidad, se felicita por el rechazo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a tramitarla porque paralizar el sector, nuevamente, después del parón producido entre 2011 y 2017 por los gobiernos del PP, impedirá cumplir el objetivo de cubrir el 75% de las necesidades eléctricas de la región mediante generación sostenible. Andalucía, recuerda, tiene un potencial bruto de más de 300.000 megavatios eléctricos.
Por otro lado, considera injustificado el alarmismo ante el alud de proyectos pendientes de tramitación, 790 a fecha de 21 de noviembre, promoviendo 21.000 MW de renovables. “No todos van a salir adelante”, advierte, y los que sí lo hagan será al término de un procedimiento “transparente, participativo y riguroso”. Recuerda que el 70% de la demanda corresponde al sector servicios y la industria, y estas precisan de grandes proyectos fotovoltaicos y eólicos (y, en el futuro a largo plazo, de la eólica marina). En cuanto al 30% restante, de consumo en los hogares, es partidario de impulsar el autoconsumo. La Junta, también, y saca pecho: en 2019 se legalizaron una media de 253 instalaciones; solo en el primer semestre de 2022, 3.988.
