La Guardia Civil ha detenido a siete personas en la denominada operación Silvestre, llevada a cabo en las provincias de León, Toledo, Ciudad Real, Girona y Sevilla, en la que ha intervenido más de 2.500 ejemplares de distintas especies protegidas o en peligro de extinción.

Tres de los siete detenidos son taxidermistas y todos ellos están acusados de presunta implicación en delitos relacionados con el tráfico y contrabando de especies protegidas, ha informado el Ministerio del Interior.

Entre las especies incautadas se encuentran aves, mamíferos, peces, reptiles e insectos, destacando ejemplares de lince ibérico, pudú, quebrantahuesos, lobo de crin, guacamayos, cacatúas o búhos, la mayoría ya disecados y, el resto, congelados o en procesos previos a su taxidermia.

La operación se inició el pasado mes de febrero, cuando la Guardia Civil del aeropuerto de León detectó una maleta en cuyo interior se hallaban numerosas pieles de animales y aves, en su mayor parte exóticas, en proceso de curtido, posiblemente para ser disecadas.

Ante la posibilidad de que se tratara de un grupo organizado dedicado a esta actividad, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil inició una investigación para determinar la procedencia y destino final de los efectos descubiertos, así como su legalidad.

Fruto de estas investigaciones, se determinó la existencia de una organización internacional dedicada al tráfico de especies amenazadas, por lo que se estableció un dispositivo para la localización y detención de los responsables.

Seguidamente, se procedió a la detención de tres personas en la provincia de León, una en Toledo, una en Ciudad Real, una en Sevilla y una en Girona.

Asimismo, se procedió al registro de siete domicilios, en los que se incautaron 2.700 ejemplares de numerosas especies de fauna exótica o en peligro de extinción y documentación relacionada con el tráfico de las especies.

Los detenidos introducían en España los ejemplares de las especies eludiendo el control aduanero y, además, realizaban labores de tráfico, transporte, almacenamiento y posterior naturalización de las piezas.

Las piezas disecadas eran entregadas a los clientes finales, normalmente coleccionistas privados que pagaban en función de la exclusividad del ejemplar y del nivel de protección de la pieza.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de León y ha contando con el apoyo de Cites (Convención de Comercio Internacional sobre Especies de Fauna Salvaje y Flora en Peligro de Extinción).