La huelga indefinida  de letrados de la Administración de Justicia convocada en todo el país por las asociaciones CNLAJ, UPSJ Y AINLAJ cumple ya su primer mes y se ha llevado por delante a fecha de 17 de febrero hasta 1.211 juicios que han tenido que ser suspendidos y 3.224 actuaciones en los juzgados de la provincia, según datos del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. La incidencia real de este parón, no obstante, es superior pues en esas cifras no está incluido el balance de las últimas dos semanas, y que estiman en un 25% más, de manera que podríamos estar hablando de 1.500 vistas y 4.000 diligencias judiciales. “Solo en mi juzgado esta última semana se han suspendido 24 juicios y 130 actuaciones”, precisa Juan Alberto Rojas, delegado provincial de Cádiz del Colegio Nacional de Letrados.  En el caso de Cádiz, el seguimiento a la huelga se mantiene “estable”, en un 60 por ciento, con pocos cambios desde que empezó el 24 de enero, más allá de que el comité de huelga haya incluido una “recomendación” al personal para que las bodas civiles puedan celebrarse en el Registro Civil y las pensiones alimenticias de los procesos de divorcio puedan cerrarse. Ninguna de ellas estaban contempladas en los servicios mínimos de la huelga, que son casi del 40%.

Aunque no se recurrieron, “por un ejercicio de responsabilidad” con la ciudadanía se están realizando, explica Rojas.  Tras un mes de huelga sin contacto con la Administración, el pasado viernes se dio “el primer paso” después de que en una reunión con la Secretaría General de Justicia   reconocieran que tienen que sentarse a negociar la adecuación de los salarios de los antiguos secretarios judiciales (como se les llamaba) ahora letrados de justicia. Un cuerpo pequeño con más de 4.000 funcionarios, que en la provincia ascienden a unos 120 profesionales, y que llevan esperando desde 2009 la adecuación de sus salarios  tras la modificación de la ley procesal. En base a esta reforma, pasaron a atribuírseles  una buena parte de las funciones de los jueces (resolución de divorcios, ejecución hipotecarias, etcétera) con el compromiso de adaptar su sueldo a las nuevas responsabilidades.  

El incremento de la remuneración se mueve en una horquilla entre los 500 y los 900 euros más mensuales. Tras varias huelgas que no han durado más de dos días y que no han trascendido porque el colectivo acababa por abortarlas ante los compromisos fallidos de la Administración, a comienzos de año dieron un golpe sobre la mesa convocando esta protesta, que en el caso de la capital ha enganchado otro largo periodo de parón de casi tres meses por el cierre de los juzgados de San José. “En Cádiz hemos estado tres meses sin trabajar prácticamente. El tiempo de trabajo real ha sido pequeño; hemos estado más tiempo de mudanza”, señala en alusión al traslado al edificio Mirandilla y el retorno a San José al mes siguiente y, en caso de algunos funcionarios, incluso a las dos semanas. Las consecuencias, eso sí, las pagarán la ciudadanía y los abogados.

“Las actuaciones suspendidas pasan al final de la agenda,  si ya llevaban seis meses de letrado, ahora aumentará a un año, o a dos...”. Pequeño acercamiento “No se mueven las cuentas, no se entregan dinero y estamos hablando de millones de euros. No se están otorgando poderes al ciudadano para los procedimientos...el parón es total”, alerta. Aunque las posturas con la Administración siguen muy alejadas, en caso de acercar posturas en esta nueva etapa, suspenderían los paros para no seguir causando estos perjuicios. El pasado viernes, el ex decano del Colegio de Jerez, Marcos Camacho, estallasen el viernes, cuando se desplazó en vano a Toledo sin que nadie le avisara de que la vista se había suspendido pese a llevar toda la semana preguntando. “Hoy vuelvo a padecer la huelga de los Letrados de Administración de Justicia. Después de estar toda la semana llamando para saber si se suspenderán las declaraciones de hoy. Me hacen ir al juzgado y las 9 am me dicen que se suspende. Ni una llamada. ¡Qué verguenza! Viaje de Jerez a Toledo, mi tiempo, gastos y hotel. Y teniendo que dejar sola a mi mujer que está en tratamiento. Hoy el LAJ no tenía que estar presente. Pero han jodido a todos menos al Ministerio. ¿Qué les pasaría si todos los abogados exigieramos su presencia en los actos procesales en los que habitualmente ya no están: toma de derechos, ofrecimiento de acciones, declaraciones, juicios...Pagarán los LAJS el daño que me han causado a mí, a los clientes y a la justicia".