Los partidos políticos, las comunidades autónomas y los agentes educativos estaban ayer emplazados a fijar su posición respecto a ese pacto educativo, pero la jornada comenzó con el “no” rotundo del PP.
Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, explicó en rueda de prensa que el pacto “no es posible” porque el Gobierno no ha querido reformar un modelo educativo “fracasado” y porque un pacto de Estado debe ser “ambicioso y en profundidad”, cualidades que a su juicio no contempla la propuesta del Gobierno.
Según el PP, el Ministerio de Educación no ha atendido “ninguna” de sus propuestas de fondo, entre ellas la de garantizar que el castellano sea lengua “vehicular” de la enseñanza en toda España y la de “ampliar” las libertades educativas.
Gabilondo, en rueda de prensa, lamentó esa actitud: “Nos va a costar más sin el PP, vamos a ir quizás más lentos y quizás menos lejos como país; tardaremos más en lograr los objetivos y tal vez serán menos estableces y sostenibles; espero que no lleguemos demasiado tarde”, manifestó.
Asimismo, el titular de Educación agregó que “inmediatamente” convocará a la conferencia sectorial de educación, la de universidades y las mesas con los agentes educativos.
El ministro aseguró además que “amplios sectores” educativos, sociales y partidos y los ciudadanos apoyan el documento definitivo y que se seguirá trabajando para los consensos, pero ha reconocido que el escenario “cambia un poco, pero claramente” sin el Partido Popular porque ya no es un Pacto de Estado.
Tras conocer la posición del principal partido de la oposición, el PNV aseguró que el Pacto en esta materia “ya no tiene ningún sentido”, y demandó al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que lo descarte y que concrete las 22 reformas legislativas que pretende llevar a cabo para mejorar el sistema educativo.
A esa negativa se sumaron también (el pasado miércoles ya expresaron su rechazo partidos como ERC o UPyD) Izquierda Unida o el BNG, mientras que CiU no ha fijado su posición al respecto y no hará pública su postura hasta la próxima semana.
La responsable de Educación de Izquierda Unida, Loles Dolz, ha considerado que el documento es un “cheque en blanco” que no contempla mejorar la calidad de la enseñanza pública ni de la formación condiciones laborales de los profesores, ni fomenta la participación democrática de los centros educativos.
La diputada del BNG en el Congreso Olaia Fernández Davila, trasladó al ministro las dos razones fundamentales de la negativa de este partido: “La insuficiente apuesta por un modelo educativo público y la cuestión lingüística, ya que –dice– no se hace un reconocimiento de los derechos lingüísticos” en el texto.
Entre los agentes sociales de la comunidad educativa que han fijado posición está la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, mayoritario en el sector de la Enseñanza, que ha valorado algunas de las medidas incluidas en el texto propuesto por el Ministerio, aunque ha expresado “dudas razonables” sobre la suficiencia de la financiación propuesta.
Según CCOO, un pacto de estas características sólo sería viable si es suscrito por el conjunto de las fuerzas políticas y los gobiernos de las comunidades autónomas, ya que en caso contrario no se darían, a juicio de esta central sindical, las condiciones necesarias para su aplicación y desarrollo, e implicaría que no pueden apoyarlo.
Por su parte, las principales asociaciones de padres de alumnos –la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y la Confederación Católica de Padres de Alumnos(Concapa)– han expresado su disposición a seguir negociando hasta alcanzar un amplio acuerdo.
Pedro Rascón, presidente de Ceapa, no ha considerado fracasado el pacto y ha ratificado el deseo de su organización de seguir negociando para consensuar las reformas que precisa el sistema educativo.