“Necesitamos personas especializadas que conozcan y que puedan informar al juez sobre la eventualidad de un nuevo riesgo de agresión para la mujer y también equipos que actúen conscientes de cada caso concreto y propongan medidas de equidad para el tema de régimen de visitas o de custodia de los niños”, explica a Efe Montalbán.
De las 3.000 pulseras electrónicas puestas a disposición de los jueces para proteger a las mujeres que sufren un riesgo alto, hay 292 activas, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que cuantificó en 403 el número de maltratadas en situación de riesgo alto y extremo.
“Hemos detectado que los jueces necesitan más elementos para valorar el riesgo y, en su caso, para acordar la instalación de brazaletes”, explica Montalbán, quien destaca la importancia del informe realizado por las unidades de valoración forense integral, “previstas en la ley integral, pero que no están implantadas en todo el territorio nacional”.
En los juzgados en los que existen estas unidades, Montalbán plantea que hay que reducir los plazos en los que emiten sus informes “para que el juez disponga de esta valoración lo más pronto posible”.
“El brazalete es un elemento más de seguridad, hay otros posibles, pero el juez a la hora de decidir si procede o no por el nivel de riesgo, necesita tener elementos bastantes para graduar ese riesgo”, indica.
La presidenta del Observatorio insiste en la necesidad de que “aquellos juzgados que se llaman compatibles, porque atienden otros asuntos junto a los de violencia de género, se conviertan en exclusivos para atender sólo este tipo de violencia y poder ofertar unos servicios especializados, tanto de médicos forenses como de equipos psicosociales”.
“Tenemos que conseguir que todas las mujeres, con independencia del lugar de residencia, sean atendidas por servicios especializados, por equipos psicosociales de unidades de valoración forense que tengan conocimiento de las características específicas de este fenómeno criminal”, dijo.
La responsable del observatorio y vocal del órgano de gobierno de los jueces ha planteado su preocupación por la aplicación en algunos juzgados de familia de “la autodenominada teoría del síndrome de alienación parental (SAP), que está provocando efectos muy negativos en los derechos de las mujeres”, tras los informes psicológicos emitidos en ese sentido.
Organizaciones de mujeres han denunciado el aumento de los casos de mujeres víctimas de violencia de género que son acusadas de manipular a sus hijos por sus parejas en los procesos judiciales, que provoca la pérdida de la custodia, y la imposibilidad de combatir esas falsas acusaciones.
“Esa teoría carece de soporte científico y del respaldo de las autoridades y de la comunidad científica de psicología y de psquiatría”, opinó al respecto la presidenta del Observatorio.