El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron ayer modificar los criterios del reparto de fondos de la Ley de Dependencia para el periodo 2010-2013, con el objetivo de que reflejen el cumplimiento de la Ley y el número de personas ya reconocidas como dependientes.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha informado al término del Consejo Territorial de Dependencia de esa modificación de los criterios, que se hará en detrimento del criterio anterior, basado en la población potencialmente (estimada) dependiente, que irá perdiendo peso hasta desaparecer en 2013.

Este año se repartirán 283 millones de euros, de los que un 56 por ciento se destinará al número de personas efectivamente atendidas, es decir, las que ya disfrutan del servicio o la prestación económica, a los servicios de dependencia prestados y al cumplimiento de acuerdos, frente al veinte por ciento que se destinaba actualmente.

El reparto se hará en función de los datos que presenten las comunidades autónomas a 1 de julio.

En este sentido, la ministra ha rechazado que el cambio de criterio pueda llevar a las comunidades a reconocer personas dependientes de forma masiva antes de esa fecha.

“Partimos de la base de que las autonomías son administraciones serias y responsables” y están gestionando derechos destinados a los más vulnerables.

El Consejo ha acordado por unanimidad modificar el actual baremo de valoración de las personas dependientes al incorporar un nuevo criterio: el de la frecuencia con que éstas son o no capaces de realizar algunas tareas (en algunas ocasiones o la mayoría de las veces). La ministra ha calificado la reunión de "enormemente productiva e intensa" y ha destacado el apoyo casi unánime de las comunidades al nuevo sistema de criterios.