Según Toryne Benton, la avería no se reparó entonces sino que la compañía propietaria de la plataforma, Transocean, responsable del mantenimiento, decidió confiarlo todo a un segundo mecanismo del mismo tipo.
Transocean declaró en su momento que había probado con éxito el primer mecanismo antes de que se produjera el derrame de petróleo.
El 20 de abril, cuando explotó la plataforma, el mecanismo, cuya función era precisamente impedir una explosión de ese tipo, falló.
El Blowout Preventer, un sistema de control para evitar explosiones, está dotado de grandes tijeras que deben cortar y sellar la tubería central del pozo.
“Detectamos un fallo (en el sistema de control) e informamos a la empresa. Tienen una sala de control desde donde pueden desconectar ese mecanismo y activar el de reemplazo para no detener la producción”, explicó el trabajador a la BBC.
Según el profesor Tad Patzek, experto en petróleo de la Universidad de Texas, “eso es inaceptable. Si el mecanismo para evitar explosiones no funciona como es debido, hay que arreglarlo como sea”.
El trabajador aseguró que había avisado inmediatamente del fallo por correo electrónico tanto a BP como a Transocean.
Reparar el mecanismo de control habría significado suspender provisionalmente las operaciones de perforación en un momento en el que a BP le costaba medio millón de dólares diarios operar el pozo.
El coste de la respuesta de BP al vertido de petróleo en el golfo de México asciende hasta la fecha a 2.000 millones de dólares, informó ayer la petrolera.
Este dinero, explicó BP en un comunicado, incluye las operaciones para frenar la fuga de petróleo, la contención de la marea negra, los subsidios a los Estados afectados, el pago de las reclamaciones de los afectados y los gastos federales.
Hasta el momento, se han presentado 65.000 reclamaciones de personas directamente afectadas por el vertido y se han realizado más de 32.000 pagos por un montante de 105 millones de dólares.
El pasado día 16, la petrolera anunció un paquete de medidas, incluida la creación de un fondo de 20.000 millones de dólares, para hacer frente a las obligaciones derivadas de la catástrofe ecológica.
