El máximo órgano constitucional galo emitió una "reserva de interpretación" en este punto ante la posibilidad de que la ley cercene la libertad religiosa si se aplica en los lugares de culto.
El resto de la norma, que prohíbe llevar el burka en todo lugar público, incluido en la calle, bajo una pena de hasta 150 euros, es conforme a la Constitución, indicó el organismo en un comunicado.
Precisó que tal y como está redactada, la ley "no es manifiestamente desproporcionada" para lograr el objetivo de salvaguardar el orden público y "teniendo en cuenta la débil sanción" prevista en caso de desconocimiento de la misma.
La decisión del Constitucional despeja las dudas que la ley había levantado y que provocaron que el Partido Socialista se abstuviera en su votación pese a estar de acuerdo con los objetivos de la misma, al considerar que podía ser contraria a la Constitución.
La ley no entrará plenamente en vigor hasta la próxima primavera ya que se prevé un periodo de medio año en el que, en lugar de sancionar a las mujeres que porten el burka, se les informará de sus consecuencias.
La ley es más dura con aquellos que obliguen a las mujeres a llevar el velo integral, a quienes se castigará con hasta un año de cárcel y multas de 30.000 euros.