La Junta de Andalucía ya es nuevamente titular de los 70 edificios vendidos en 2014 a la empresa Inversiones Holmes(filial del fondo de inversión WP Carey)por el anterior gobierno socialista, en una operación de Sale &LeaseBackpor la que recibió entonces 300 millones de euros y se comprometió a realquilarlos por un periodo inicial de 20 años.

Tras el acuerdo al que llegó la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos con la propietaria el pasado mes de octubre, se firmó ayeren una notaría de Sevilla la operación de recompra de los edificios, en los que trabajan unos 8.600 empleados públicos de la Junta de Andalucía, y que va a suponer un ahorro de al menos 35,6 millones de euros cada año, que es la cifra que se ha pagado en el alquiler de estos edificios en 2023.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha anunciado que la Administración andaluza ha conseguido un gran ahorro gracias a este acuerdo a las arcas públicas al recuperar 8 inmuebles vendidos en el año 2014 en la provincia de Cádiz,recordando que el ahorro por el alquiler de estas sedes permitirá disponer de más recursos en ámbitos como lo Social, la Educación o la Salud.

El cómputo global del alquiler de los 8 edificios en la provincia de Cádiz (seis en la capital, uno en Jerez de la Frontera y otro en Algeciras) suma 2,9 millones de euros al año. Cantidad que se elevaría a los algo más de 3,4 millones de euros al año al llegar 2034 por el incremento del 1,5% anual. En la capital gaditana son 6 los edificios incluidos en este acuerdo, vendidos en el año 2014: los de la Delegación del Gobierno en Cádiz, en Plaza de España 19, el edificio de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, y de Universidad, Investigación e Innovación, en calle Isabel la Católica, 8, en esa misma vía, número 13, el inmueble de la sede del Instituto Andaluz de la Mujer; el edificio de Cánovas del Castillo, 35, de la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, o los de la Plaza de la Constitución 3 y Plaza Mina 18, de la Agencia AGAPA y Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Delegación Territorial de DesarrolloEducativo y FP, respectivamente. Por su parte, el de Algeciras con sede en Regino Martínez del edificio de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, mientras que el inmueble de Jerez, en Alameda Cristina, Marqués de Casa Domecq, de la Agencia Tributaria, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo

“Esta operación del Gobierno andaluz supone la eliminación de una sola vez del 60% del coste de los alquileres anuales que ha venido pagando la Junta de Andalucía hasta el pasado año”, explica la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien insiste, además, en que “en una década, habríamos pagado bastante más por los alquileres de lo que vamos a pagar por la compra”. Apunta que “ha sido posible gracias al saneamiento previo de las finanzas que ha llevado a cabo estos años la Junta de Andalucía y se podrá amortizar en menos de diez años”.

El acuerdo suscrito por el actual Gobierno andaluz con la empresa propietaria de los edificios y rubricado formalmente ayer ponía fin a una operación que resultó ruinosa para los intereses de Andalucía, al despatrimonializar a la administración autonómica y generar una deuda de por vida. La Junta vendió los edificios por 300 millones y se obligó a pagar al comprador en 20 años al menos 707,8 millones. Casi dos veces y media lo que había recibido por vender los edificios. Y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones de euros cada año.

Uno de los objetivos de este plan es reducir de forma drástica el coste de los alquileres que paga la Junta cada año y que ascendían hasta ahora, en conjunto, a casi 60 millones de euros. La mayor parte de estos alquileres (por encima del 61%) correspondían a los que la Junta ha venido pagando hasta ahora en virtud de la operación de Sale &Lease Back.

Otro de los objetivos del plan era, precisamente, buscar una solución al problema que se plantearía a partir del año 2034, una vez que expirase el contrato de alquiler suscrito con Inversiones Holmes para el uso de los 70 inmuebles que le compró a la Junta en 2014, en los que trabajan alrededor de 8.600 empleados públicos, en muchos casos en servicios de atención al público: las oficinas de empleo, los registros que se encuentran en las sedes de las delegaciones territoriales, etc.

El acuerdo alcanzado con WP Carey supone, en este sentido, la consecución de un doble objetivo: un ahorro más que significativo en alquileres y disipar la incertidumbre de la ubicación de los 8.600 empleados públicos que trabajan en estos edificios tras la finalización del contrato.