Este martes, 12 de marzo, a las 9.30 horas, serán juzgados los ocho detenidos en la Barriada San Pedro, en Puerto Real vinculados profesionalmente al sector naval, varios días después de la finalización de la huelga del metal de 2021, tras un despliegue policial sin precedentes. La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) ha convocado una concentración una hora antes ante las puertas del juzgado de lo penal nº 1, en la Avenida de la Sanidad Pública, en Cádiz, “exigiendo la absolución de los compañeros y poniendo todas las herramientas de las que contamos a su disposición”.
La petición de la Fiscalía es de dos años de cárcel por desorden público y otro más por atentado a la autoridad por cada uno de los imputados.
CTM ha pedido a CCOO, UGT, CGT, USO y CSIF que se sume a una campaña que ya respaldan organizaciones sindicales como Ustea o partidos políticos como Adelante Andalucía, cuyo portavoz parlamentario, se solidarizó con los ocho desde la tribuna de la Cámara autonómica esta semana y, de forma masiva, trabajadores y destacados representantes de la sociedad civil gaditana.
Este mismo sábado Antonio Martínez Ares ha publicado un vídeo, ataviado con el tipo de su última comparsa, La oveja negra, para denunciar “la represión” y lamentar que este juicio “nos duele a todos”.
Soco López y Juan José Téllez han puesto, asimismo, voz a este movimiento. La periodista ha recordado que la movilización de los trabajadores “ha permitido mantener abiertos los tres astilleros de la Bahía de Cádiz” y ha rechazado que se condene a quienes “defienden la dignidad laboral frente a las tanquetas”, en alusión al vehículo utilizado por la Policía Nacional para dispersas las manifestaciones. El escritor ha pedido que, “igual que nos apiadamos del Estado en muchas ocasiones no exigiéndole lo que debemos exigir, el Estado se apiade” de los acusados que reivindicaban derechos laborales en la calle durante aquellos días.
Pedro Castilla, abogado de seis de los ocho, confía en la absolución, y niega que existieran elementos radicales infiltrados en la propuesta. “Son trabajadores, no criminales comunes”, remarca, y considera que tanto la respuesta policial como la judicial es desproporcionada porque quiere criminalizar la lucha obrera para silenciarla.
