El portavoz en Cádiz de Movimiento Nadie Sin Hogar, Miki Carrera, ha denunciado que el Ayuntamiento “ha expulsado” del albergue municipal y la pensión de la calle Soledad a una treintena de personas tras el fin de la Campaña de Frío.
En conversación telefónica, Carrera, que ha acompañado a los afectados, asegura que en la tarde del lunes “se vivieron momentos de tensión en la plaza de Macías Rete, frente al albergue”, a la espera de conocer quiénes podrían contar con una cama esa noche.
Finalmente, quienes quedaron sin plaza, decidieron ir a los patios de Capuchinos y a otras zonas de la localidad, y en torno a siete se apostaron frente al inmueble, bajo un tenderete improvisado para reclamar un alojamiento alternativo.
Entre estos se encuentra Cristina R, de 66 años, “con numerosas patologías”. “Tengo úlceras varicosas en las piernas que se están grangrenando por no tener donde descansar, tengo que dormir en un banco elevado porque con los reumas y dolores de hueso no puedo acostarme y levantarme del suelo con facilidad, y con la incontinencia grave, que la resuelvo como puedo”, relata por medio de un mensaje de Whatsapp, que remata añadiendo que “estoy intentando ahorrar para poder acceder a una vivienda, pero mientras tanto necesito un sitio donde vivir, no puedo estar en la calle”.
Carrera explica a VIVA CÁDIZ que su asociación ha facilitado la solicitud a 13 personas para reclamar por escrito al Ayuntamiento un alojamiento alternativo.
“El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento está saltándose a la torera la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, que fija explícitamente el Alojamiento Alternativo como una prestación garantizada, exigible y de provisión obligatoria”, explica, antes de enumerar los artículos concretos, 9, 10 y 11.
También esgrime el reglamento de funcionamiento del Albergue Municipal, cuyos artículo 6, 6.2 y 3 “garantizan la salvaguarda del derecho a la integridad física y los derechos respecto a la atención social como habitante de Andalucía en situación de exclusión habitacional”.
En este sentido, remarca que “la expulsión de una treintena de personas” imposibilita y “rompe el proceso de integración social”.
Carrera añade que ahora solo falta esperar a que el equipo de Gobierno dé una respuesta a la demanda de estas personas “y rectifique”.
