Casi la mitad del presupuesto municipal de La Línea, 28 de 60,3 millones de euros, se destina al capítulo de Personal. Este Ayuntamiento, junto con los de Algeciras, San Roque o Los Barrios, también en el Campo de Gibraltar, Jerez y Puerto Real han sido señalados durante años por el exceso de empleados públicos, contratados en un porcentaje importante durante las décadas de los ochenta y los noventa de forma temporal y renovados sucesivamente.
Pero la advertencia de la Unión Europea (UE) sobre este fenómeno que llevó al Gobierno de España a aprobar la Ley 20/2021 en diciembre de ese año, obligando a las administraciones públicas a llevar a cabo un proceso de estabilización para conseguir que las personas con contratos temporales, entre ellos los laborales indefinidos, pudieran ser laborales fijos y los funcionarios temporales, denominados interinos, pudieran ser funcionarios de carrera, todo antes de 31 de diciembre de 2024, y, antes, la crisis de 2008 que llevó a la quiebra e intervención a numerosas entidades locales están provocando en la actualidad dos problemas, judicialización de los procesos de estabilización, como es el caso de Jerez, o vacantes si cubrir en Cádiz.
“Los ayuntamientos han ido sacando la cabeza un poquito”, apunta Manuel Merino, responsable de FSP-UGR en la provincia. “Pero todos los ayuntamientos tienen problema de personas”, agrega, por su parte, representante del Sector de Administración Local de CSIF de Cádiz. Ambos coinciden en que el crac de 2008 ha sido decisivo. El coste de las plantillas municipales llevó a que Jerez o Los Barrios prescindieran de trabajadores por medio de expedientes de regulación de empleo. El Ministerio de Hacienda extremó el control de las cuentas e incluso obligó a amortizar plazas.
Las estrecheces económicas de las entidades locales provocaron episodios lamentables, con “compañeros que se llevaron hasta diez meses sin cobrar sus nóminas”, recuerda Merino. Jerez y La Línea vuelven a ser protagonistas en este sentido. Y, en cualquier caso, los empleados públicos sufrieron, además, un recorte en el poder adquisitivo que Silvestre cifra en un 21%. Durante años, caso capital, no se han ejecutado las ofertas públicas de empleo, y los acuerdos alcanzados por determinadas fuerzas sindicales con los gobiernos de turno, también han generado situaciones incomprensibles.
“En la capital, hay carpinteros que cobran más que un letrado y, en Barbate, los vecinos preferían echarse a la mar que trabajar en el Ayuntamiento”, señala el representante de UGT.
La aprobación de la Ley 20/2021 en diciembre también está generando problemas permite a las entidades locales convocar concurso oposición. Para Merino, el concurso de méritos tendría que ser suficiente en casos como los de empleados públicos con 20 años en la administración, “con experiencia probada” que, sin embargo, se pueden ver en la calle ahora. Y, reclama que, aprovechando esta coyuntura, los ayuntamientos se tomen en serio la “organización y planificación de plantillas” de acuerdo a sus necesidades reales para evitar descompensación entre departamentos.
