Así lo ha anunciado la ministra, Leire Pajín, durante la firma, en la sede de su departamento, de un convenio de colaboración con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para proteger también los derechos de los consumidores.
Un día antes de que se celebre el 30 aniversario del Día Mundial del Consumidor, Pajín ha señalado que el Ejecutivo "es consciente" de la necesidad de regular los servicios de atención al cliente, que acaparan "muchas" de las críticas que tramitan las asociaciones.
La ministra, que ha indicado que este viernes llevará el informe del anteproyecto al Consejo de Ministros, ha señalado que la futura ley busca garantizar "un mínimo de calidad" de los servicios de atención al cliente de las empresas, así como ahorrar "tiempo y trámites" a quien acuda a ellos.
En cuanto al convenio firmado entre Pajín y Conde-Pumpido tiene como principales objetivos prevenir y combatir las actuaciones fraudulentas.
Para ello, han acordado promover la aportación de información relevante para la investigación y persecución del quebrantamiento de los derechos de los consumidores y usuarios.
El acuerdo contempla, asimismo, impulsar el desarrollo de actuaciones judiciales que, por su trascendencia colectiva, aconsejen el ejercicio de acciones de cesación o la persecución penal de las mismas.
El acuerdo, que tiene duración de un año prorrogable, también conlleva la formación jurídica de técnicos de consumo, vinculados a las administraciones públicas, asociaciones de consumidores y usuarios y fiscales.
El Instituto Nacional de Consumo será el organismo encargado de la ejecución del acuerdo.
Pajín ha subrayado que con la firma del convenio, se "amplía" la seguridad jurídica de los ciudadanos cuando se defienden frente al quebrantamiento de sus legítimos derechos por vía judicial.
En su discurso, la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad ha dado las gracias a las asociaciones de consumidores por ser los responsables de "muchos" avances y por ser "la primera voz de alarma".
Por su parte, Conde-Pumpido ha mantenido que los fiscales deben tener una "actitud vigilante" para que los consumidores y usuarios sean protegidos "de manera clara y eficaz".
El fiscal general del Estado ha afirmado que este convenio es la "confirmación formal y pública" de una apuesta que el Ministerio Público selló en noviembre pasado con una circular para regular coordinar y hacer efectiva su intervención en el orden civil con el fin de proteger a los consumidores y usuarios.
Tras este acto, Pajín ha presidido una reunión extraordinaria del Consejo de Consumidores y Usuarios, cuya presidenta, Francisca Sauquillo ha alertado de los nuevos problemas a los que éstos se enfrentan.
En la víspera del Día Mundial del Consumidor, las asociaciones, como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han pedido la regulación del ejercicio del derecho de huelga en los servicios de interés general.
La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) ha considerado "imprescindible" la concienciación de los ciudadanos para erradicar todas las situaciones que generan "indefensión" y "desequilibrio" en las relaciones de consumo.
Con motivo de la celebración de mañana, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha realizado un sondeo acerca de la situación del mercado de la electricidad, que refleja que más del 40 por ciento de los usuarios señalan que las compañías eléctricas tardan más de dos meses en leerles el contador y que el 56 por ciento ha tenido problemas con la facturación.
