José María González, Kichi, accedió al Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz en torno a las 10.15 horas de este lunes y atendió a los medios de comunicación apostados frente al edifio algo más de tres horas después “tranquilo” y satisfecho con su declaración “a preguntas de su señoría y Fiscalía para tratar de esclarecer” el papel desempeñado por el asesor Fernando García Acuña, contratado por Por Cádiz Sí Se Puede, en la redacción de pliegos durante el anterior mandato.
Investigado por un posible delito de prevaricación, Kichi, que fue interrogado junto a los ex concejales José Ramón Páez, David Navarro y Laura Jiménez -también estaba citado José Vicente Barcia, ex jefe de Gabinete, pero un problema de salud ha impedido trasladarse a la capital gaditana- y García Acuña, ha asegurado que en ningún caso éste “dio órdenes a los funcionarios municipales”, cuestión mollar en la causa abierta.
“No hay ninguna queja por escrito ni oral sobre injerencias” al respecto por parte de los empleados públicos, ha insistido, remarcando que, si el asesor hubiera dado instrucciones ningún empleado del Ayuntamiento “lo habría permitido”. Se actuó “con estricto cumplimiento de la legalidad y teniendo conocimiento de lo que se podía y no se podía hacer”, ha sostenido.
El ex alcalde ha insistido en que la contratación “con dinero del partido” y a través del grupo municipal de García Acuña respondía a la necesidad de contar con un profesional especializado en la nueva Ley de Contratación de 2018 “que nos permitía incluir cláusulas de subrogación, sociales y medioambientales en los contratos”.
Kichi ha reiterado que el asesor, que había participado incluso en la ponencia de redacción de la nueva normativa, “era un gaditano exiliado” en Madrid que fue fichado por el equipo de Gobierno para el asesoramiento y prestar un servicio a la ciudad.
“No hay ninguna ley que sugiera la constitución de ningún delito”, ha remachado, al tiempo que ha expresado su confianza en que la denuncia, interpuesta por la Secretaría General de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento, sea archivada como otras 17 anteriores.
En este punto, ha lamentado nuevamente que el PP se haya personado como acusación particular y ha reprobado “la estrategia de judicialización” de su gestión.
“Al dar el salto a al política asumí la cara B, esta contraprestación, pero es desagradable” que un técnico “tenga que pasar por el juzgado”, ha dicho, en referencia a García Acuña.
Y ha advertido de que las numerosas denuncias que han sido archivadas “mosquean a la gente” y “siembre una duda que no es de recibo”.
Kichi, que ha destacado que el representante legal del PP no ha formulado preguntas y la denunciante, únicamente una “simbólica”, espera que todo quede en las diligencias previas y no se abra juicio oral.
