El ministro ha respondido así a una pregunta sobre la iniciativa de varias organizaciones y grupos de Madrid, que han convocado una "procesión atea" que se desarrollará por las calles del barrio madrileño de Lavapiés el próximo día 21 de abril, Jueves Santo, coincidiendo con las procesiones religiosas de Semana Santa.
"Las manifestaciones no tienen por qué ser agresivas, no tienen por qué ofender a nadie y, obviamente en la autorización en su caso tendremos en cuenta esas circunstancias", ha respondido Jáuregui al ser preguntado por la convocatoria de varios colectivos laicos.
No obstante, el ministro ha subrayado que "el derecho de manifestación es un derecho fundamental y sólo en casos muy excepcionales puede prohibirse una manifestación".
El objetivo de la "procesión lúdica y crítica con la Iglesia Católica" es poner de relieve "la hipocresía social y moral que representa la Semana Santa católica", afirman la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y la Asamblea vecinal La Playa de Lavapies, dos de los convocantes.
Para su celebración, los convocantes deberán contar con la autorización de la Delegación del Gobierno que "en cualquier caso tratará de evitar cualquier tipo de enfrentamiento o conflicto con otras manifestaciones religiosas que pudieran producirse en la proximidad", ha precisado Jáuregui.
Tras hacer estas declaraciones, el ministro de la Presidencia ha inaugurado una jornada sobre "Creencias diversas, ciudadanos iguales. Gestión pública de la diversidad religiosa" organizada por el Foro Tender Puentes, de Cristianos Socialistas.
En su intervención, Jáuregui ha planteado que la "gestión democrática" y pública de la diversidad religiosa es fundamental en España y que se equivocan quienes argumentan que el hecho religioso es un asunto "estrictamente de conciencia y cada vez más privado" y parte de la intimidad.
Tras detallar el crecimiento de las distintas religiones en España, el ministro ha subrayado que el Ejecutivo -a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia- y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está trabajando un acuerdo para "estructurar la manera en que las autoridades locales deben gestionar el hecho religioso".
"Hay un montón de problemas, especialmente con la comunidad musulmana, a la hora de gestionar las licencias, de reglar los centros de culto o establecer muchos hechos públicos" que deben ser atendidos de manera uniforme, ha dicho.
Para Jáuregui, la gestión correcta de la diversidad fundamental para la convivencia es aquella que -respetando rigurosamente un núcleo de lealtad constitucional- permita "la multiplicación de las identidades" y su convivencia con una "laicidad incluyente, no agresiva y reconocedora del hecho religioso".