Tras más de dos horas de debate, el proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que afectará a los cerca 130.000 militares profesionales españoles, recibió 305 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones (9 de CiU y 1 de UPyD), y ahora continuará su trámite parlamentario en el Senado.
Finalmente, el texto aprobado obliga al Gobierno a reformar antes de seis meses la Ley de Carrera Militar en lo referido a los nuevos sistemas de evaluación y ascensos, previo informe de la Comisión de Defensa, tal y como acordó la citada Comisión durante el trámite parlamentario.
Esa reforma debe abordar el establecimiento de un periodo transitorio de aplicación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso a aquellos militares cuya trayectoria profesional haya quedado alterada como consecuencia de la no aplicación de la antigüedad.
Chacón, que defendió la ley ante el Pleno, agradeció el “amplísimo consenso” alcanzado en torno a esta norma “compleja”.
Tras reconocer que el texto que sale del Congreso es mejor que el presentado por el Gobierno, afirmó que de esta forma la sociedad española salda “una deuda por los magníficos 30 años de camino democrático de nuestras Fuerzas Armadas”.
Chacón insistió en que sin consenso esta ley no iba a ver la luz y dió las gracias a todos los parlamentarios y portavoces, y especialmente a Gaspar Llamazares porque “su apoyo no es solo un voto, sino mucho más”.
El proyecto de ley contempla el derecho a asociarse libremente, la regulación del Consejo de Personal como órgano de relación de las asociaciones profesionales con el Ministerio de Defensa, y la creación del Observatorio de la Vida Militar.
Obliga a los militares a mantener neutralidad política, no fundar ni afiliarse a partidos políticos y a mantener una estricta neutralidad pública en relación con la actuación de los partidos políticos.
El militar tampoco podrá ejercer el derecho de sindicación, ni fundar ni afiliarse a sindicatos, ni realizar actividades sindicales, ni ejercer la acción sindical como negociación colectiva, conflicto colectivo y huelga.
Además, la ley que sale del Congreso obliga al Gobierno a aprobar antes del 1 de junio una reforma del régimen disciplinario, cuyo proyecto aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha dicho que la ley del Gobierno ha mejorado durante su trámite en el Congreso pero sigue adoleciendo de defectos, que ha confiado se subsanen en el Senado.