El texto del "Convenio europeo para la lucha contra la violencia doméstica y hacia la mujer y su prevención" se ha negociado durante el último año y medio y este miércoles fue firmado por los primeros 20 Estados en la reunión del Consejo de Europa en Estambul, entre ellos España.
Según los promotores, se prevé que "la inmensa mayoría de los Estados" ratifiquen el acuerdo en sus respectivos países y lo incorporen a su legislación nacional.
"Ha sido una tarea muy interesante y muy intensa porque, al concurrir tantos países, cada uno ha querido decir qué elementos quería incluir y cuáles eran sus límites", explicó la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez.
El convenio contiene 81 artículos que pretenden unificar las leyes en esta materia de todos los países que conforman el Consejo, menos El Vaticano, Bielorrusia, Kazajistán, y Estados no reconocidos como Kosovo, Abjasia, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj o la República Turca del Norte de Chipre y Transnistria.
El convenio prevé medidas contra la violencia física y sexual, los matrimonios forzosos, la ablación del clítoris y los crímenes de honor, además de hacer hincapié en los elementos de prevención y educación contra el sexismo.
Otro apartado importante es el que garantiza la protección y la defensa legal gratuita a las víctimas de la violencia machista y pide la institución de centros de apoyo a las víctimas.
"Parte del convenio está inspirado en la legislación española, sobre todo en aquellos capítulos que tienen que ver con la prevención y la educación", se congratuló Jiménez.
Para la ministra, la importancia de este convenio radica en que "supone un instrumento jurídico enormemente avanzado para luchar contra la violencia de género", algo que demuestra "el interés, la visibilidad y la importancia" que se le da a este tema.
Una vez que el texto sea ratificado por los países miembros, éstos deberán modificar sus legislaciones nacionales para incorporar el delito de "violencia de género" en los códigos penales propios y adaptar las leyes y reglamentos internos a las medidas de prevención y educación.
Según la ministra, la nueva legislación no bastará para acabar con el problema de la violencia machista en Europa, pero sí contribuirá al "cambio de mentalidad".
"Sabemos que los cambios legislativos van más rápido que los cambios sociales. Pero trabajando en el ámbito educativo, en el legislativo y en el penal, se pueden provocar los cambios sociales y culturales que se quieren lograr", dijo.
"Pasó lo mismo en nuestro país. Tuvimos una legislación enormemente avanzada, que se aprobó hace ahora casi ocho años, y, sin embargo, todavía se sigue produciendo violencia contra las mujeres", reconoció.
"Pero creemos que se han dado pasos importantes y que se está creando una conciencia social en contra de la violencia hacia las mujeres", aseguró.
El Consejo de Europa es también el autor de la Convención Europea de Derechos Humanos, un texto que articula el trabajo del Tribunal de Estrasburgo, aunque algunas organizaciones de derechos humanos critican que los Estados no lo cumplen completamente.
"El hecho de que exista una convención europea en materia de derechos humanos es una extraordinaria garantía. El que algunos países no cumplan con lo acordado, no significa que sea irrelevante el hecho de la existencia de la convención. Imagínense qué ocurriría si no existiese", opinó Jiménez.
Con el final de la sesión ministerial de este miércoles, concluyó también el mandato semestral de Turquía al frente del Consejo de Europa, que cedió el testigo a Ucrania.
El Consejo de Europa es una institución fundada en 1949 por las democracias occidentales aliadas para fomentar la cohesión europea de los aliados frente a la hoy extinta Unión Soviética.
Tras el fin de la Guerra Fría, su objetivo evolucionó hacia la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho y el combate contra la discriminación, la xenofobia y el terrorismo.