Así lo ha avanzado en Valencia el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras una junta de fiscales superiores autonómicos en la que se ha acordado unificar los criterios de actuación –entre ellos la calificación del delito– ante las múltiples denuncias por la desaparición de niños recién nacidos en un periodo comprendido entre 1950 y 1990.
Según ha concretado Conde Pumpido, de las 849 investigaciones abiertas en el conjunto de fiscalías territoriales, 162 han sido “judicializadas”, y otras 38 que también fueron presentadas al margen de estos casos han sido archivadas por la inexistencia de indicios penales.
El Ministerio Público ha establecido dos protocolos de actuación que se trasladarán a todas las fiscalías territoriales para prestar atención personalizada a las víctimas y practicar pruebas de ADN, que ya habían comenzado a realizarse en algunas comunidades autónomas.
Los procedimientos con mayor desarrollo hasta el momento son los que se siguen en La Línea de la Concepción, donde hay doce casos con una investigación policial “muy avanzada”, en los que se han practicado pruebas genéticas y exhumaciones a instancias del Ministerio Público.
Precisamente, el pasado miércoles se llevó a cabo en esta localidad la exhumación de tres nichos en el cementerio por orden del Juzgado de Instrucción número 2.
Cabe recordar que la base de datos que va poner en marcha el Ministerio de Justicia con los ADN de los afectados por la causa de los niños robados no incluirá los resultados genéticos ya realizados por las asociaciones en laboratorios privados.
Los casos de desapariciones de niños recién nacidos es una cuestión “preferente” para la Fiscalía porque “afecta a un gran número de ciudadanos españoles”, según Conde-Pumpido, que asegura que se actuará “con toda la intensidad posible” y tratando de subsanar “los problemas derivados de la antigüedad de los hechos”.
“Hay una gran diferencia entre unos casos y otros, y abarcan un periodo de tiempo muy prolongado; algunos asuntos llegan a una época relativamente creciente, ya en democracia”, ha reconocido.
El fiscal general ha asegurado que existen “tramas” en puntos “concretos” cuyos responsables están empezando a ser identificados, pero descarta que el conjunto de las desapariciones se pueda atribuir a “una sola organización”.
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA
Por otra parte, la Junta de Fiscales Superiores, ha realizado un estudio de la estructura territorial del Ministerio Fiscal tras la reforma del Estatuto Orgánico que lo regula, así como de la organización y el funcionamiento de las fiscalías autonómicas, provinciales y de área.
La Junta está integrada, entre otros cargos, por los máximos representantes del Ministerio Público en cada comunidad, bajo la supervisión de Conde-Pumpido.
Su finalidad es procurar “la cercanía” del Ministerio Fiscal a la ciudadanía, para conocer sus “problemas específicos” y también los de los territorios, con el fin de unificar criterios. “Para las garantías de los ciudadanos es muy importante que la Fiscalía actúe con unidad de criterio, garantice la unidad del ordenamiento jurídico y la igualdad de los ciudadanos ante la ley”, ha manifestado el fiscal general del Estado.